COMUNICADO DE PRENSA 

San Juan - Tras los múltiples casos positivos a Covid-19 de varias figuras políticas del país y empleados de agencias de la Rama Ejecutiva, varios colegas han manifestado sus preocupaciones a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) en torno a la exposición de los estos a conferencias de prensa que bien podrían atenderse con comunicados de prensa mediante correos electrónicos o en conferencias de prensa virtuales para evitar el contagio con el novel coronavirus.  
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En momentos en que ha aumentado considerablemente la cifra total de casos en la isla y que se hace un llamado a la ciudadanía a guardar el distanciamiento físico, la mayor parte de las conferencias de prensa o actividades públicas -- empezando por La Fortaleza -- se llevan a cabo bajo condiciones que no son las más propicias para evitar la propagación de esta enfermedad. 

A solo horas de que hayan entrado en vigor nuevas restricciones por el aumento en contagio, la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en clara violación a su propia Orden Ejecutiva que prohíbe las actividades que aglomeren personas, ha convocado a una conferencia de prensa en el Teatrito de La Fortaleza en donde no hay espacio suficiente para guardar el distanciamiento físico de seis pies necesario para evitar un posible contagio. 

“Estamos sumamente preocupados por el falso sentido de seguridad que en los pasados meses ha tenido no solo el Gobierno sino los políticos que convocan a actividades y conferencias donde apiñados tienen que esperar horas en espacios cerrados, lo que pone en riesgo su salud. Eso es una irresponsabilidad. La pasada semana la Gobernadora no solo expuso a los pacientes del Hospital Cardiovascular con una conferencia en el vestíbulo de esa institución, nuevamente expone a los periodistas al convocar al Teatrito. ¿No es más lógico efectuar la conferencia en espacios abiertos como el Jardín Hundido para poder cumplir con el distanciamiento que se le está pidiendo al Pueblo?”, cuestionó Damaris Suárez, presidenta de la Asppro. 

De hecho, los datos más recientes revelados por las autoridades sanitarias confirman un repunte en los casos positivos y que las hospitalizaciones por COVID-19 han aumentado significativamente en la isla. Asimismo, han identificado al menos 60 brotes de este virus en la primera parte de este mes. Más aún, surge de la propia Orden Ejecutiva firmada por Vázquez Garced que el estado reconoce que “en los últimos días se ha documentado en Puerto Rico un aumento progresivo en casos de COVID-19 confirmados mediante prueba molecular” y que por ello es imperativo “implantar medidas difíciles pero necesarias para proteger el derecho a la vida de cada puertorriqueño”, de acuerdo a nuestra Constitución. 

“Ante esta situación, la Asppro le solicita a los políticos y a los funcionarios a que tomen en consideración esta realidad al momento de convocar a los periodistas de manera presencial, particularmente cuando hay herramientas tecnológicas para atender a la prensa minimizando la exposición al virus. Resulta absurdo que exijan cumplimiento de los ciudadanos cuando ellos no dan el ejemplo”, insistió Suárez.

Reconocemos que esta es una situación novel para todos, en la que es vital mantener al país informado. Lo que no podemos es darnos el lujo de dejar caer la guardia y convertirnos en una estadística más del gobierno. 

Por otro lado, les hacemos un llamado a los medios de comunicación a que les provean a sus reporteros y reporteras las protecciones adecuadas al momento de enviarlos a la calle a cubrir las asignaciones. 

​SAN JUAN - El Overseas Press Club (OPC), la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) expresaron su rechazo enérgico contra dos proyectos de ley aprobados la semana pasada por la legislatura que atentan contra la transparencia y el acceso a la información de la ciudadanía y la prensa. En una acción conjunta, las tres organizaciones pidieron al gobernador Ricardo Rosselló que imparta un veto contra ambos proyectos cuanto antes.

Los proyectos P de la C 1095 y P del S 236, que denotan una agenda contra el derecho constitucional de acceso a la información pública que dicen reconocer, se aprobaron sin vistas públicas y en contra de las recomendaciones de periodistas y grupos dedicados a los temas de transparencia y el acceso a la información. Las organizaciones explicaron que ambos proyectos erosionan décadas de victorias a favor de la apertura y le dan al actual gobierno una vía legal para publicar solo la información que quieran y cuando quieran.

“Estos proyectos son un engaño, están en contra de las mejores prácticas mundiales y tienen el rechazo unánime de entidades, grupos y personas que cuentan con una larga trayectoria defendiendo, educando, e incluso litigando, a favor del acceso a la información y la transparencia. En un momento tan delicado, en medio de tantos escándalos de corrupción, la aprobación de estos proyectos con las enmiendas introducidas por ambas cámaras legislativas son un intento claro de evadir la rendición de cuentas”, denunció Carla Minet, directora ejecutiva del CPI, que ha demandado a la administración Rosselló en cinco ocasiones por negarse a entregar documentos públicos.

Los proyectos de ley, en conjunto, crean un periodo automático de 10 días laborables de espera, que podrían aumentar a 25, antes de que ciudadanos y periodistas tengan acceso a la información solicitada. De aprobarse, no se permitirían las solicitudes verbales y la entrega inmediata de la información aún si la misma es de fácil acceso en la agencia. Estas enmiendas limitan intencionalmente los mecanismos para solicitar información que los periodistas y medios de comunicación tienen hoy.

“En uno de los proyectos no se incluyen excepciones claras y justificadas al acceso, lo cual invita a que los funcionarios inventen excusas para negar el acceso, y en el otro proyecto se crea una lista de 12 nuevas categorías de confidencialidad que limitan excesivamente el acceso a la información. Además dejan espacio amplio para que los funcionarios de las tres ramas, Ejecutiva, Legislativa y Judicial, desarrollen sus propias reglas sobre el acceso a la información, lo cual, en efecto, propendería al establecimiento de al menos tres sistemas distintos de acceso”, alertó por su parte Damaris Suárez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico.

Los proyectos discriminan contra los solicitantes de información en agencias u oficinas regionales fuera del área metropolitana al crear un periodo mínimo de 15 días laborables de espera para responder la solicitud de información, en vez de los 10 días también laborables que aplicarían si la solicitud se hacía en el área metro, según el lenguaje inicial. Este término aplicaría a toda información o documentos solicitados aunque sean de fácil acceso, lo que las organizaciones consideran inaceptable.

Además, obliga a los ciudadanos y periodistas a recurrir exclusivamente al Tribunal de Primera Instancia de San Juan si quieren buscar un remedio judicial cuando se deniegue o se ignore su pedido de información.

Las enmiendas introducidas eliminan el lenguaje original que imponía una multa contra el funcionario que obstruyera el acceso. Igualmente, establecen restricciones en los formatos, programas y aplicaciones en que se puede entregar la información, lo que contradice el objetivo expreso del gobierno de fomentar el desarrollo de la economía del conocimiento.

“Bajo las normas que imponen estos proyectos de ley se agravarían las condiciones de acceso a información pública. Condiciones bajo las cuales se impidió la divulgación oportuna de las cifras los muertos por el huracán María, los planes de emergencia, los planes de implementación, las comunicaciones del gobierno con la Junta, y bajo las cuales se hizo el acuerdo de confidencialidad que pretendían forzar contra empleados de La Fortaleza sobre todo lo que ocurre en la Mansión Ejecutiva”, expresó Luis Guardiola, presidente del Overseas Press Club.

Las tres organizaciones expresaron su rechazo a los proyectos y solicitaron una reunión urgente al Gobernador para explicarle en detalle la razones para pedir que las vete de inmediato.

Fenando Quiñones
Presidente
Baloncesto Superior Nacional
Alfredo Morales
Director del torneo
Baloncesto Superior Nacional
  
El viernes en la noche, en el juego entre los Vaqueros de Bayamon y los Leones de Ponce del Baloncesto Superior Nacional (BSN), un colega fotoperiodista de WAPA fue acosado por uno de los jugadores y dos miembros adicionales del equipo Vaquero, quienes, según los colegas afectados, trataron de impedir que ejercieran su labor.

Los sucesos que surjan dentro de la cancha entre los jugadores y el personal de los respectivos equipos no debe ser una excusa para desquitarse con miembros de la prensa que están allí presentes para transmitirle todas las incidencias al público que no pudo estar presente en el juego.

Este no es el primer incidente con colegas que trabajan en las transmisiones de los juegos de BSN. Advertimos que los directivos de la liga tienen la obligación de garantizar la seguridad e integridad de los fotoperiodistas en estos casos.

​Exigimos a los ejecutivos del BSN a tomar cartas en el asunto para evitar que en ocasiones futuras se repita un incidente tan lamentable como este en el cual un fotoperiodista solo realizaba su labor de reseñar las incidencias como parte de la transmisión del partido.
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Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro)
Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico (AFPR)
Overseas Press Club (OPC)

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) lamentó el fallecimiento del abogado Manny Suárez, estrecho colaborador de la organización.

“Nuestras condolencias a la familia de Manny, un eterno luchador del derecho a la libertad de expresión y quien fue representante legal y estrecho colaborador de nuestra organización”, dijo la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez.

Suárez, hijo del veterano periodista Manny Suárez falleció esta madrugada en el hospital San Pablo de Bayamón, tras complicaciones de salud que lo mantuvo hospitalizado en las últimas semanas.

“Fue muy solidario con la Asppro. en varias ocasiones brindó asesoría y ofreció trabajo pro bono en casos de la Asppro y siempre estuvo disponible para ayudar a los colegas. Nuestra solidaridad con su familia”, señaló Suárez.
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A Manny le sobrevive su hijo Manolito, su hermano Juan Esteban y su padre, el periodista Manny Suárez. Los detalles de su sepelio se anunciarán próximamente.

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) catalogó como altamente sospechosa y reprochable la forma en la que el presidente interino saliente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Darrel Hillman, ha trastocado la operación del periódico universitario Diálogo al dejarlo sin su director interino y sin casi todos sus trabajadores.

Hillman destituyó por segunda ocasión al director interino de Diálogo, Víctor Rodríguez-Velázquez, en momentos en que la administración del principal centro docente del país ha planteado una reestructuración de ese medio de la que se desconocen los detalles.

“Contrario a sus actuaciones, la administración universitaria debería entender la importancia que representa la libertad de expresión e independencia de criterio en una democracia. Sus actuaciones con la publicación son repudiables y atentan contra la esencia del espíritu universitario de libre discusión de ideas y pensamientos”, dijo la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez.

Además de remover a Rodríguez-Velázquez, la administración universitaria determinó no renovar los contratos de los periodistas que trabajan para este medio y le quitó los accesos a la plataforma digital, lo que podría catalogarse como un cierre de facto.

En junio, representantes estudiantiles ante de la Junta de Gobierno de la UPR denunciaron el posible recorte de un 60% del presupuesto de Diálogo para el año fiscal que recién comienza. En ese momento se señaló que un recorte de esta magnitud dejaría inoperante este medio, dado que solo cubriría las dos plazas administrativas dejando fuera a los periodistas, videógrafos y fotoperiodistas.

Posteriormente, la administración universitaria anunció que las operaciones del periódico serían reestructuradas, para extender la “publicación a otras unidades del sistema universitario” que cuenten con programas de comunicación. Esos planes de reestructuración nunca fueron compartidos con los miembros de Diálogo ni divulgados públicamente.

Por más de 30 años, Diálogo ha sido una plataforma de información del quehacer universitario y del país, además de ser un importante taller de formación para futuros comunicadores, por lo que estas acciones son altamente cuestionables.

En el momento tan trascendental por el que atraviesa Puerto Rico, es sumamente importante contar con la mayor cantidad de medios que puedan fiscalizar al gobierno y contar lo que acontece en el país.