El proyecto de la Cámara 1095, de Ley de Transparencia, y el del Senado 236, de Datos Abiertos, limitan y obstruyen el derecho constitucional a la información pública e incumplen con nueve de los diez estándares y principios internacionales de transparencia y acceso a la información. 

Los periodistas Roberto Morales Cabán y María Cristina Muñoz entrevistaron a la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) Damaris Suárez y Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), sobre los problemas con los dos proyectos de ley recién aprobado y sus implicaciones en el derecho a la información y los principios de transparencia en el programa Desde la Torre, de Radio Universidad el 9 de julio de 2019. La emisora de la Universidad de Puerto Rico transmite por las frecuencias 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez.

Señor Gobernador:

Reciba un saludo cordial del Overseas Press Club (OPC), la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Nuestras organizaciones han expresado su rechazo enérgico a dos proyectos de ley aprobados por la legislatura que atentan contra la transparencia y el acceso a la información de la ciudadanía y la prensa. Le hemos pedido a usted que imparta un veto cuanto antes a los proyectos P de la C 1095 y P del S 236.

En un momento histórico en el que el pueblo de Puerto Rico necesita que sus representantes den pasos claros y firmes a favor de la transparencia para el beneficio de sus constituyentes, y den garantías que ayuden al flujo de fondos de recuperación, la firma de estos proyectos anunciaría lo contrario, que esta administración lo que quiere es tener todas las herramientas posibles para encubrir sus actos y mantener a oscuras a sus ciudadanos.

El tracto que han seguido los proyectos refleja una agenda contra el derecho constitucional de acceso a la información pública que dicen reconocer. No hubo vistas públicas, reiteradamente se rechazaron las recomendaciones de periodistas y grupos dedicados a los temas de transparencia y el acceso a la información y se hicieron enmiendas específicas para asegurar que erosionan décadas de victorias a favor de la apertura y le dan al gobierno una vía legal para publicar solo la información que quiera y cuando quiera.

En fin, de firmar los proyectos, estaría aprobando estatutos que no cumplen con los principios internacionales establecidos para el tema y se convertirían en los peores estatutos de acceso en todo el hemisferio. Como ejemplo, la comunidad internacional ha celebrado en años recientes leyes de acceso a la información en Chile e India. En vez de ser celebrado junto a estos países, con estos proyectos Puerto Rico sería condenado como de las peores jurisdicciones para el acceso a la información a nivel mundial.

Estamos dispuestos a retomar, de buena fe, un diálogo real y sostenido con usted y su equipo de trabajo para lograr una política pública de consenso, en la cual las organizaciones firmantes, y otras de la sociedad civil, aportemos el conocimiento y experiencia que hemos acumulado con nuestra práctica diaria, así como educando sobre estos temas, y litigando por el acceso a la información.

Sería una oportunidad para una aportación valiosa en momentos en que el país más lo necesita.

Por esto, le solicitamos su veto a los proyectos y una reunión a la brevedad posible para ir en detalle sobre nuestras objeciones y para retomar un diálogo productivo.

Confiados en que usted tenga un interés real por mejorar los procesos de rendición de cuentas y transparencia del gobierno, quedamos en espera de su pronta respuesta.

Atentamente,

Damaris Suárez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico
Luis Guardiola, presidente del Overseas Press Club
Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo

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La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) condenó este martes todo tipo de protocolo que infrinja o limite el derecho del pueblo a la información pública, como el que acaba de establecer el principal oficial financiero (CFO) del Gobierno y secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, en relación a los planes fiscales del gobierno.

Es cuestionable que se cree un protocolo que de antemano plantea la intención de la Oficina del Principal Oficial Financiero del Gobierno de Puerto Rico (OCFO) de evocar supuestas “razones legales para la denegatoria, incluyendo pero no limitándose a la invocación de un privilegio evidenciario reconocido”, cuando existe un derecho constitucional al acceso a la información que se presume es pública. Además, es contraproducente que se otorguen diez días laborables en casos de información que está accesible.

Asombra cómo esta administración habla de transparencia pero que en la práctica pone cortapisas a los colegas que diariamente solicitan información y no se les brinda.  Además, hay que recordar que acceso a la información pública es un derecho fundamental en todo sistema democrático, en el cual los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre cómo sus representantes administran, gestionan y establecen políticas públicas que inciden en su vida.

“El acceso a la información y la transparencia no se pregona. Simplemente se hace con la práctica”, expresó Damaris Suárez, presidenta de la Asppro.
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La Asppro se mantendrá vigilante y -de ser necesario- acudirá a los foros que sean pertinentes para hacer valer el acceso libre a la información del gobierno.

ASPPRO EN LAS NOTICIAS:
​La Asppro denuncia intento del Gobierno a limitar acceso información pública, El Nuevo Día