Comunicado de prensaEl compañero Álex Delgado acudió al Tribunal Supremo para que detengan la divulgación de una de sus fuentes, quien le reveló un documento sobre una investigación confidencial de presuntas irregularidades en la AEESan Juan, Puerto Rico - La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) respaldó la decisión del colega Alex Delgado de no revelar la identidad de la fuente que le suministró un documento del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) en el ejercicio de sus funciones como Vicepresidente de Noticias de WAPA-TV. La Asppro expresó preocupación sobre el efecto que tendría el que prevalezca una orden judicial para revelar una fuente. Delgado y Yesenia Torres, entonces reportera de la unidad Noticentro Investiga, figuran como codemandados en un recurso por difamación radicado por el fiscal Idelfonso Torres por el contenido de los reportajes publicados en el 2018 sobre una investigación a empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por presuntamente cobrar vía ATH Móvil a sus cuentas personales por certificaciones para restablecer el servicio eléctrico a abonados afectados por el paso del huracán María. De acuerdo con el documento oficial del NIE, el fiscal Torres, a quien originalmente se le había delegado la pesquisa, quedó relevado de la misma, luego de que se conociera que también había pagado por la certificación de la AEE. Como parte del descubrimiento de prueba, el licenciado Pablo Colón Santiago, abogado de Torres, ha insistido en que Delgado revele quién fue la persona que le entregó el documento del NIE, lo que ha sido ordenado mediante resolución por el juez superior de Ponce, Hamed Santaella Carlo, y refrendado por un panel del Tribunal de Apelaciones, por lo que el periodista radicó un Certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La resolución establece que el documento es confidencial por ser parte del sumario fiscal del Departamento de Justicia y que por ello la doctrina del reporte justo y verdadero no aplica. “La confidencialidad de las fuentes de un periodista es la piedra angular de la Libertad de Prensa, por lo que respaldamos la decisión de los colegas. Además de ser una cuestión de principios, resulta absolutamente absurdo e innecesario ordenar que los colegas revelen quién les hizo llegar el documento oficial en medio de un caso por difamación”, sostuvo Damaris Suárez, presidenta de la Asppro. La Asppro expresó preocupación sobre el efecto paralizante o "chilling effect" que tendría el que se sostenga esta orden sobre los informantes que revelan información oficial a los periodistas con el fin de destapar irregularidades en el servicio público. El demandante argumenta que se debe revelar la fuente para que declare en el juicio civil sin que se haya establecido qué aportaría esa información, si algo, en probar la supuesta difamación del medio. “Sí, el Tribunal Supremo tiene ante sí un gran reto. De ratificar la orden de revelar una fuente periodística estaría enviando un mensaje que desalienta a los ciudadanos y ciudadanas a denunciar posibles actos de corrupción por temor a represalias y sanciones ya que nada les asegura que su identidad estará protegida. La intención no es solo paralizar a los posibles confidentes, también a los periodistas para evitar que se publiquen historias aún teniendo los documentos oficiales. Ese ‘chilling effect’ va en detrimento de la democracia, una buena gobernanza y una fiscalización que promueva la rendición de cuentas”, insistió Suárez. Para el gremio, la duración o extensión de una investigación puede ser influenciada por la intención de mantener a escondidas del pueblo algo que debe saber, y habiendo un precedente de que un periodista fue obligado a revelar una fuente, que luego fue castigada con represalias, nadie se atrevería a llevar a la prensa actos de corrupción. “El que los tribunales hayan determinado que ese documento es confidencial por ser parte del sumario fiscal y por lo tanto no se podía publicar, promueve que quien no quiera que se sepa algo solo tendrá que sentarse en la investigación. Con no concluirla basta”, sostuvo Suárez. En el balance de las historias publicadas, la Asppro entiende que los colegas reportaron justa y adecuadamente la información basada en lo que decía el documento y ofreciendo al imputado cuatro oportunidades de dar su versión. Incluso, culminan el caso dando seguimiento y publicando que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) cerró la investigación por determinar que el pago del fiscal Torres a los empleados de la AEE fue por unas reparaciones y no por reconexión del servicio eléctrico luego del huracán María . ![]()
“Los reporteros y fotoperiodistas somos como cualquier trabajador. Entendemos y aceptamos que nuestra profesión nos expone a encontrarnos en medio de conflictos difíciles y a veces violentos en los que podemos sufrir de forma colateral. Lo que es inaceptable son los ataques violentos dirigidos específicamente a nuestros colegas cuando solo cumplen con su deber de informar al pueblo”, sostuvo por su parte Damaris Suárez, presidenta de la Asppro. Comunicado de prensaSan Juan, Puerto Rico, 12 de enero de 2022 - La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico (AFPR) y el Overseas Press Club (OPC) condenan las agresiones físicas y verbales contra fotoperiodistas y reporteros el martes en la noche mientras ejercían sus labores en la cobertura de la intervención en la que el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Salud ejecutaban una orden de arresto contra una ciudadana que se negó a completar el documento de información del viajero en el aeropuerto. Cuatro fotoperiodistas, tres reporteros y un productor de noticias fueron agredidos verbal y físicamente e imposibilitados de realizar su trabajo cuando hasta el lugar llegó una veintena de manifestantes en apoyo a la ciudadana. Los periodistas se encontraban en el perímetro establecido por la Policía mientras los manifestantes, lanzaban insultos, persiguiendo, y en ánimo de intimidar a los periodistas. Incluso algunos causaron daños a la propiedad, atentaron contra la seguridad física, la salud y la labor periodística amparada en nuestra Constitución. “Es inaceptable este tipo de agresiones, no importa de quién vengan. La libertad de expresión es un derecho constitucional, pero no puede justificar el intento de coartar otros derechos como la libertad de prensa. Lo que allí ocurrió fue un ataque directo a los periodistas que pudo ser observado en vivo a través de las imágenes en televisión. La agresión verbal y física a nuestros compañeros es un acto reprochable”, expresó el presidente de la AFPR, Josian Bruno. Las tres organizaciones rechazaron todo intento de este y otros grupos de obstaculizar con violencia e intimidación a nuestros periodistas y fotoperiodistas en el ejercicio de sus funciones. De la misma forma que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, los periodistas también están facultados por la Constitución para ejercer su labor libre de coacciones; derechos que gozan de la más alta jerarquía y que son pilares de la democracia. “Los reporteros y fotoperiodistas somos como cualquier trabajador. Entendemos y aceptamos que nuestra profesión nos expone a encontrarnos en medio de conflictos difíciles y a veces violentos en los que podemos sufrir de forma colateral. Lo que es inaceptable son los ataques violentos dirigidos específicamente a nuestros colegas cuando solo cumplen con su deber de informar al pueblo”, sostuvo por su parte Damaris Suárez, presidenta de la Asppro. El trabajo periodístico es vital no solo para informar sobre el estatus de la pandemia, sino para velar que las agencias responsables de proteger a sus ciudadanos en esta emergencia realicen su trabajo sin atropellos ni abusos de poder. Es inaceptable e incomprensible que se intente entorpecer esta labor que sirve para su propio beneficio y del resto de la sociedad. “Aunque los periodistas conocemos los peligros que podemos enfrentar en el ejercicio de nuestra profesión, hacemos un llamado a las autoridades de ley y orden para que tomen medidas que permitan el libre ejercicio de nuestra labor informativa, al tiempo que salvaguarda el derecho de los ciudadanos a manifestarse garantizando la integridad física, la vida y la propiedad de todos”, sostuvo Luis Guardiola, presidente del OPC. Guardiola también hizo un llamado a los directores de noticias para que eleven un reclamo similar a las autoridades y adopten medidas de seguridad que protejan a sus periodistas en estas situaciones. Las tres organizaciones reiteraron que ningún incidente evitará que cumplamos con nuestra responsabilidad. Nuestros periodistas no se intimidarán y continuarán realizando el trabajo que les corresponde para llevar la información a todas y todos los puertorriqueños. |
Junta de DirectoresEn el blog de la Asppro informamos, comentamos y compartimos lo que hace la Asociación y sus miembros, además lo que vemos en el mundo periodístico. Archivos
Diciembre 2022
Categorías
Todo
Categorías
Todo
|