PARA EXPRESAR EL RECLAMO DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE PUERTO RICO (ASPPRO) DE QUE SE DEJEN SIN EFECTO O SE RECHACHEN TODAS AQUELLAS MEDIDAS QUE INFRINGEN O LIMITEN EL DERECHO DEL PUEBLO DE PUERTO RICO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN, EXIGIRLE A TODOS LOS ASPIRANTES AL PUESTO DE GOBERNADOR DE PUERTO RICO QUE SE COMPROMETAN PÚBLICAMENTE A DEJAR SIN EFECTO Y DEROGAR LAS MAL LLAMADAS LEYES DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS, Y EXIGIR SU COMPROMISO A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
 
POR CUANTO:  El derecho al acceso a la información pública es un derecho fundamental en todo sistema democrático en el que los ciudadanos delegan al gobierno mediante el ejercicio del voto el poder de representarlos en la toma de decisiones diarias.
POR CUANTO: Como parte de ese ejercicio democrático, los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre cómo sus representantes administran, gestionan y establecen políticas públicas que inciden diariamente en su entorno y calidad de vida. Este derecho es reconocido internacionalmente como uno fundamental y esencial para promover la transparencia en la gestión gubernamental y para promover la participación ciudadana en la toma de decisiones.
POR CUANTO:  La libertad de información ha sido reconocida como parte del derecho fundamental a la libertad de expresión por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 59 aprobada en 1946, así como por la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la cual dispone en su artículo 19 que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye el derecho de "investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. De igual forma lo plantea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969.
POR CUANTO:  El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en el caso Pedro Juan Soto v. Giménez Muñoz, 112 D.P.R. 477 (1982) que se presumen públicos todos los documentos del gobierno salvo que este demuestre que hay un interés público apremiante que amerite la confidencialidad. Esa presunción que establece el Supremo significa que “lo confidencial” en el gobierno pertenece al campo de lo extremo, lo raro, lo excepcional y claramente justificado. El peso de la prueba está en el gobierno, que tiene que demostrar que es imperativo mantener esa confidencialidad.  Negar la información es equivalente a una censura previa.
POR CUANTO:  De igual forma, en el caso de Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 D.P.R. 582 (2007), el Tribunal Supremo resolvió que “[T]oda etiqueta legislativa de confidencialidad debe evaluarse frente al derecho de acceso a información invocado por el ciudadano. En vista de que tal derecho es de carácter fundamental, la legislación debe someterse a un análisis de escrutinio estricto. Al mismo tiempo, debe ser interpretada restrictivamente a favor del acceso. En síntesis, toda ley que pretenda ocultar información a un ciudadano bajo el palio de la confidencialidad tiene que justificarse a plenitud.  
POR CUANTO:  Durante los primeros días de su administración, Ricardo Rosselló Nevares firmó dos órdenes ejecutivas que limitan el acceso a la información. La OE-2017-10, firmada el 10 de enero de 2017, establece la “política pública de Transparencia y Accesibilidad a la Información Pública”. Contrario a su nombre y supuesta intención, la orden ejecutiva limita en 13 instancias los documentos que pueden hacerse públicos amparándose en la confidencialidad entre las que se encuentran opciones tan amplias como la información y/o data cuya divulgación esté expresamente prohibida por disposición de ley, comunicaciones internas entre dependencias, información asociada a litigios en la que el gobierno o funcionario sea parte mientras el litigio esté pendiente e información que si fuera divulgada podría invadir la privacidad de un tercero, entre otros.
POR CUANTO:   En segunda instancia, Rosselló Nevares firmó la OE-2017-11, que delega al Secretario de Asuntos Públicos y de Política Pública de la Oficina del Gobernador la responsabilidad de “divulgar, previa autorización del Gobernador, cualquier documento oficial, informe, legislación o de cualquier otro tipo que sea de carácter público de conformidad con las leyes y normas aplicables”. Por sus términos, dicha orden ejecutiva establece que es el gobernador quien determina si la información es pública y decide si se puede divulgar.
POR CUANTO:  Las órdenes ejecutivas antes citadas sentaron la base para dos proyectos que Rosselló Nevares convirtió en ley justo antes de abandonar la gobernación por razón de la presión pública que surgió como resultado de la divulgación por la prensa de información sobre las comunicaciones internas de varios funcionarios del gobierno.  Ellos fueron el P. del S. 236 que creó la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico (Ley 122-2019) y el P. de la C. 1095, que se convirtió en la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019).
POR CUANTO:  La Ley 141 fue aprobada en medio de la noche de un sábado y sin vistas públicas, lo que desde el inicio puso en duda cualquier propósito de crear transparencia que se haya plasmado en su texto. Dicha Ley, a pesar de contener lenguaje que refleja interés en crear un balance entre la necesidad de transparencia y la necesidad de confidencialidad en algunos aspectos de la información gubernamental, crea confusión al no especificar cuáles van a ser las circunstancias claras y justificadas en las que la información se va a mantener confidencial. Ello resulta en una invitación para que el funcionario se invente cualquier excusa para negar el acceso a la información que le sea requerida.
POR CUANTO:  La Ley 122, por su parte, establece por ley diecinueve (17) instancias en las que información NO se puede hacer pública, basado no solo en lo que dispone la doctrina actual, sino además en las instancias que recogía mediante la OE-2017-11. Muchas de esas instancias constituyen limitaciones mucho más amplias que las permitidas por la doctrina vigente según establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
POR CUANTO:  Durante la administración del exgobernador Rosselló, se produjeron varias instancias en las cuales se demostró que no hubo un compromiso real de la administración gubernamental con la transparencia en la información, tales como: (i) la negativa a hacer público el borrador del presupuesto sometido a la Junta de Control Fiscal; (ii) la negativa a divulgar los planes fiscales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de Energía Eléctrica; (iii) la orden a los empleados de la Oficina del Gobernador para que firmaran un documento de confidencialidad que afectaba su facultad para realizar denuncias contra otros compañeros de trabajo; (iv) la contratación del principal  oficial ejecutivo de la Organización de Mercadeo de Destino de Puerto Rico sin que se diera a conocer su exorbitante salario y, (v) la negativa a ofrecer información relacionada a las muertes ocurridas tras el Huracán María, entre otras instancias. Dicha falta de compromiso fue culminada con la aprobación y firma de las Leyes 122 y 141 antes citadas al final de su administración, a pesar de las objeciones planteadas y comunicadas por la ASPPRO y otras organizaciones en Puerto Rico.
POR CUANTO:  El 19 de agosto de 2019, la ASPPRO, junto con el Centro de Periodismo Investigativo, el Overseas Press Club of Puerto Rico, la Asociación de Fotoperiodistas y la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (“Upagra”), le cursaron una carta a la nueva gobernadora Wanda Vázquez Garced, en la que le solicitaron que: i) sometiera proyectos para derogar las Leyes 122 y 141, ii) derogara las Órdenes Ejecutivas 2017-10 y 2017-11 aprobadas por el exgobernador Rosselló; iii) instruyera a los jefes de agencia a abstenerse de aplicar las disposiciones de las Leyes 122 y 141  que pudieran limitar el derecho constitucional de acceso a la información pública, la presunción de que toda información en poder del gobierno es pública y la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, y iv) le concediera a las organizaciones suscribientes una reunión urgente para abrir un diálogo productivo con el fin de establecer las bases de una verdadera política pública de transparencia.
POR CUANTO:   La gobernadora Vázquez Garced comunicó en una reunión que no podía derogar las leyes sin la Asamblea Legislativa y que era más viable someter enmiendas que atendieran las preocupaciones de los periodistas. Durante su incumbencia, Vázquez Garced ha continuado la práctica nefasta de impedir el acceso a la información, por lo que ha sido necesario recurrir a los tribunales para lograr acceso a la información. Como ejemplo de ello, véase la decisión del Tribunal de Apelaciones en el caso ASPPRO v. Vázquez Garced et al., 2020 TA 458, en la cual se ordenó la entrega del informe preliminar del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como parte de la investigación sobre los almacenes de suministros de la Administración para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Amead). La Unión Americana de Libertades Civiles (“ACLU” por sus siglas en inglés) y ACLU Puerto Rico se vieron obliagados a radicar una demanda por violación a la Primera Enmienda por las dos leyes recientes, una de las cuales fue aprobada durante el manejo de la pandemia de COVID-19 que criminaliza el compartir información que el gobierno considere falsa sobre las emergencias en la que los ciudadanos podrían enfrentar hasta tres años de cárcel y a una multa de hasta $5,000.
POR CUANTO:  La verdadera transparencia se ejerce partiendo de la premisa que todo documento e información gubernamental es pública y demostrando con las gestiones diarias que se facilita la documentación e información requerida. Para eso, hace falta voluntad y hasta ahora los ejemplos han demostrado que, pese al discurso de transparencia, este gobierno no ha demostrado voluntad de ser realmente transparente.
POR CUANTO:  Concluido el proceso de primarias el 16 de agosto de 2020, se han definido los nombres de las personas que aspiran a ocupar la posición de gobernador de Puerto Rico a partir de enero del 2021. Aunque algunos de ellos han sido parte de administraciones anteriores, ninguno de los aspirantes ha ocupado la posición de gobernador. La ASPPRO entiende necesario y reclama que, previo a su posible elección, todos los aspirantes se comprometan a tomar acciones claras y firmes para rechazar las medidas que infringen y limitan el derecho del pueblo al acceso a la información, y se comprometan además a manejar la información pública con absoluta transparencia.

PARA EXPRESAR EL RECLAMO DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE PUERTO RICO (ASPPRO) DE SE GARANTICE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS PERIODISTAS EN COBERTURAS PRESENCIALES Y REPUDIAR LAS CONVOCATORIAS A EVENTOS MULTITUDINARIOS QUE VIOLENTEN LOS PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL COVID-19, ASÍ COMO LA CARENCIA O INEXISTENCIA DE DATOS EN LÍNEA Y EL USO DE HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA EL TRABAJO REPORTERIL DURANTE EMERGENCIAS.
 
POR CUANTO:  Garantizar la salud y la seguridad de todos los periodistas es primordial a la hora de realizar su trabajo para informar al pueblo, especialmente en tiempos de emergencia como la pandemia del coronavirus unida a eventos meteorológicos.
POR CUANTO:  Los medios de comunicación, empleadores de los periodistas, tienen la responsabilidad de discernir sobre los eventos presenciales convocados por el gobierno, partidos políticos, candidatos, organizaciones y el sector privado. Estos tienen el poder de no enviar a los compañeros periodistas a cubrir esos eventos, a exigir acceso virtual a los mismos, a datos, a entrevistas y a otros recursos necesarios para el oficio periodístico, para salvaguardar la salud y seguridad de los colegas y sus compañeros de trabajo durante y fuera de emergencias.
POR CUANTO:  El gobierno, los partidos políticos, los candidatos, las organizaciones, el sector privado y cualquier persona o institución que convoque a un evento para la cobertura de los periodistas, tienen de igual forma la responsabilidad de garantizar y salvaguardar la salud y seguridad de los periodistas y sus compañeros limitando al máximo la realización de eventos presenciales innecesarios, que no cumplan con los protocolos de prevención establecidos para evitar el contagio con el coronavirus o de cualquier otra enfermedad.
POR CUANTO: Reconocemos que los medios de comunicación han protegido, en gran medida, a nuestros colegas periodistas y restringido su participación en eventos presenciales. Algunas instituciones han evitado también la realización de eventos presenciales, y han aprovechado las herramientas virtuales para llevar sus mensajes, de forma que puedan ser escuchados y cuestionados por periodistas para su trabajo reporteril.
POR CUANTO: Las actividades que se realizaron antes, durante y después del proceso primarista que se realizó a principios de agosto, incluyendo campañas políticas, reuniones, eventos electorales y otros, representaron una seria afrenta a la salud y seguridad de los periodistas y sus compañeros de trabajo por la inexistencia del cumplimiento con los protocolos establecidos para evitar el contagio con coronavirus. La misma situación se ha observado durante eventos no relacionados a la política o el asunto electoral, como las coberturas sobre eventos atmosféricos o conferencias de prensa de temas diversos.
POR CUANTO:  Se aproxima septiembre, el mes con mayor probabilidad de eventos atmosféricos cercanos a Puerto Rico, así como la continuación de las campañas políticas y las elecciones generales. Son momentos que requieren ardua cobertura periodística y muchos requieren presencia de los periodistas en el lugar donde ocurren para su cobertura directa pero no pueden ir por encima de los protocolos para garantizar la salud, seguridad e integridad de los compañeros periodistas y su trabajo.
POR CUANTO:  Existen diversas plataformas en línea para la publicación de datos (de forma pública o controlada), ofrecer entrevistas, mensajes, conferencias de prensa, que no ponen en peligro el trabajo periodístico imparcial, inmediato y de excelencia, y que se utilizan por algunos en la isla y alrededor del mundo.

San Juan – El saqueo de fondos públicos, la guerra perdida contra el Fentanyl y el encierro de pacientes de salud mental por el gobierno fueron los reportajes investigativos de prensa, televisión y multimedios galardonados con el XXVI Premio Nacional de Periodismo por un jurado independiente, anunció hoy la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) al dar a conocer los resultados del tradicional certamen anual.

Los reportajes investigativos, que son los máximos galardones del certamen, fueron: en prensa, el equipo del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) por su trabajo “El saqueo a los fondos públicos detrás del chat”; en televisión Celimar Adames Cassalduc, por “Fentanyl: La guerra perdida”; y en la categoría de multimedios, Ronald Ávila Claudio y Aiola Virella, de Metro y el CPI, por “Pacientes de salud mental imputados de delito pasan años aprisionados por el Gobierno de Puerto Rico”.

La muy anticipada competencia en la categoría de noticia del momento la copó el equipo de Metro Puerto Rico en prensa escrita y multimedios por su cobertura de la caída del gobernador Ricardo Rosselló y la “Crisis en Fortaleza (chat, protestas y renuncia)”.

“Sin duda, desde el llamado verano del ‘19 hemos vivido un año lleno de noticias y retos difíciles para los periodistas en Puerto Rico, tanto por los eventos que hemos cubierto como por la precaria situación económica que enfrenta la industria de comunicaciones y el resto del país. A la misma vez, hemos visto el papel importante que ha tenido el periodismo puertorriqueño en la vida de nuestro pueblo, tanto en la Isla como para la diáspora”, expresó la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez.

“Hemos podido cumplir a pesar de enormes dificultades, incluyendo las nuevas que nos han impuesto por legislaciones de ineficiente acceso a información pública. Sin embargo, hemos triunfado en las acciones legales, en las denuncias y el continuo trabajo de nuestra Asociación para hoy poder, por 26 años consecutivos, volver a reconocer a un singular grupo de periodistas que ejemplifican lo mejor de nuestro periodismo por su excelencia en la ejecución y contenido”, agregó.
 
En el marco de la Semana de la Prensa y el certamen nacional, la presidenta de la Asppro también anunció entre otros los dos premios especiales que otorga la Junta de Directores: el Premio Laura Rivera Meléndez de Joven Periodista del Año a Valeria Collazo Cañizares, periodista independiente e investigadora de Jay y sus Rayos X (Telemundo), y el Premio Maritza Díaz Alcaide a Yvonne Solla, ancla de Telenoticias, Telemundo, por su excelencia periodística y trayectoria profesional.
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Desde 2005, la Asppro reconoce con el nombre de la fenecida periodista Laura Rivera Meléndez, quien murió repentinamente a los 23 años de edad, la labor de periodistas que recién se inician en la profesión y dan garantías de que el periodismo puertorriqueño tiene futuro. Los requisitos mínimos es tener menos de 30 años y una trayectoria de compromiso con el periodismo y causas sociales, y al menos tres años de experiencia. La Junta de la Asppro somete su recomendación a la colega Rosario Meléndez y José Rivera Santana, padres de Laurita y auspiciadores del premio, y la familia toma la decisión.
 
El premio especial de excelencia periodística y trayectoria profesional que lleva el nombre de Díaz Alcaide, quien falleció en 2017 a los 57 años de edad, se instauró el pasado año para reconocer a periodistas sobresalientes a lo largo de su carrera, ética, compromiso con la justicia social y la solidaridad, que fueron virtudes que caracterizaron a la querida colega. La Junta de la Asppro somete su recomendación al Prof. José "Che" Paraliticci, viudo de Maritza, quien auspicia el premio, para su aprobación.
 
La Asppro acaba de celebrar su primera Semana de la Prensa (que este año cayó 26 de julio a 1 de agosto) totalmente digital, con dos talleres y una conferencia virtual, y está próxima a celebrar una asamblea informativa por internet debido a las restricciones que impone la pandemia del novel coronavirus. Por la misma razón, la organización sin fines de lucro anuncia los ganadores de 2020 del Premio Nacional mediante comunicado de prensa y portal de internet asppro.org en lugar de la tradicional gala de premiación.
 
Los reportajes premiados fueron seleccionados por un jurado independiente de periodistas veteranos y profesores universitarios de Comunicaciones, presidido por el veterano periodista y relacionista público Pepo García. Los paneles del jurado fueron los siguientes: prensa escrita Ruth Hernández Ríos, PhD., Ada Torres Toro y Rosita Marrero, radio Rita Iris Pérez, Carlos Rubén Rodríguez y Mariliana Torres, PhD.; televisión Mariliana Torres, Nilka Estrada y Lcdo. Eugenio Hopgood Dávila, y multimedios, los profesores Otilio González Cortés, Rosario del Pilar Meléndez y Maricelis Rivera. El trabajo y deliberaciones de los doce fueron independientes de la Junta de la Asppro y sus laudos son inapelables.
 
“Invitamos a nuestros colegas a seguir superándose todos los días porque sus logros son para Puerto Rico. La Asppro continuará su trabajo y educación a distancia en medio de la presente emergencia por el coronavirus. Instamos al gremio a mantener estrictas medidas de precaución contra el contagio por el tiempo que sea necesario hasta que termine el peligro de este virus”, indicó Suárez.
 
VEA la lista completa de premiados, laudos, jurado y criterios bajo ​GANADORES 2020 en el menú de este portal.

COMUNICADO DE PRENSA 

San Juan - Tras los múltiples casos positivos a Covid-19 de varias figuras políticas del país y empleados de agencias de la Rama Ejecutiva, varios colegas han manifestado sus preocupaciones a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) en torno a la exposición de los estos a conferencias de prensa que bien podrían atenderse con comunicados de prensa mediante correos electrónicos o en conferencias de prensa virtuales para evitar el contagio con el novel coronavirus.  
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En momentos en que ha aumentado considerablemente la cifra total de casos en la isla y que se hace un llamado a la ciudadanía a guardar el distanciamiento físico, la mayor parte de las conferencias de prensa o actividades públicas -- empezando por La Fortaleza -- se llevan a cabo bajo condiciones que no son las más propicias para evitar la propagación de esta enfermedad. 

A solo horas de que hayan entrado en vigor nuevas restricciones por el aumento en contagio, la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en clara violación a su propia Orden Ejecutiva que prohíbe las actividades que aglomeren personas, ha convocado a una conferencia de prensa en el Teatrito de La Fortaleza en donde no hay espacio suficiente para guardar el distanciamiento físico de seis pies necesario para evitar un posible contagio. 

“Estamos sumamente preocupados por el falso sentido de seguridad que en los pasados meses ha tenido no solo el Gobierno sino los políticos que convocan a actividades y conferencias donde apiñados tienen que esperar horas en espacios cerrados, lo que pone en riesgo su salud. Eso es una irresponsabilidad. La pasada semana la Gobernadora no solo expuso a los pacientes del Hospital Cardiovascular con una conferencia en el vestíbulo de esa institución, nuevamente expone a los periodistas al convocar al Teatrito. ¿No es más lógico efectuar la conferencia en espacios abiertos como el Jardín Hundido para poder cumplir con el distanciamiento que se le está pidiendo al Pueblo?”, cuestionó Damaris Suárez, presidenta de la Asppro. 

De hecho, los datos más recientes revelados por las autoridades sanitarias confirman un repunte en los casos positivos y que las hospitalizaciones por COVID-19 han aumentado significativamente en la isla. Asimismo, han identificado al menos 60 brotes de este virus en la primera parte de este mes. Más aún, surge de la propia Orden Ejecutiva firmada por Vázquez Garced que el estado reconoce que “en los últimos días se ha documentado en Puerto Rico un aumento progresivo en casos de COVID-19 confirmados mediante prueba molecular” y que por ello es imperativo “implantar medidas difíciles pero necesarias para proteger el derecho a la vida de cada puertorriqueño”, de acuerdo a nuestra Constitución. 

“Ante esta situación, la Asppro le solicita a los políticos y a los funcionarios a que tomen en consideración esta realidad al momento de convocar a los periodistas de manera presencial, particularmente cuando hay herramientas tecnológicas para atender a la prensa minimizando la exposición al virus. Resulta absurdo que exijan cumplimiento de los ciudadanos cuando ellos no dan el ejemplo”, insistió Suárez.

Reconocemos que esta es una situación novel para todos, en la que es vital mantener al país informado. Lo que no podemos es darnos el lujo de dejar caer la guardia y convertirnos en una estadística más del gobierno. 

Por otro lado, les hacemos un llamado a los medios de comunicación a que les provean a sus reporteros y reporteras las protecciones adecuadas al momento de enviarlos a la calle a cubrir las asignaciones. 

San Juan – La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) abrió el 3 de junio la convocatoria al XXV Premio Nacional de Periodismo, como parte de la Semana de la Prensa, que se celebrará del 26 de julio al 1ro de agosto de 2020 de forma virtual debido al COVID-19.

La Asppro celebra 26 años galardonando la excelencia periodística a través del Premio Nacional de Periodismo, que distingue los trabajos noticiosos mejor ejecutados durante los doce meses anteriores por los miembros activos de los medios de comunicación, periodistas a tiempo parcial y periodistas independientes o freelancers.

“Para mantener nuestra responsabilidad educativa y dar continuidad a nuestra semana, hemos decidido celebrar nuestra Semana de la Prensa y Convención de Periodistas (COPE20) mediante plataformas digitales para ofrecer seminarios y charlas sobre el tema del COVID-19, la llamada “nueva realidad” sumada a los terremotos y otros desastres, y cómo estos asuntos han transformado nuestra profesión”, informó Damaris Suárez, presidenta de la Asppro.

Debido a que hace unos años establecimos la radicación digital de los trabajos para el Premio Nacional de Periodismo, mantendremos la XXVI edición de la premiación. Por el efecto en la economía del cierre debido a la emergencia por el COVID-19, este año se eximirá a los colegas de pagar su cuota de membresía y se extenderá por un año la vigencia de los miembros activos en el 2019.

“Lamentablemente, no tendremos nuestra acostumbrada Gala de Premiación, que hubiera sido el 1 de agosto, por las razones que ya explicamos.  Estaremos organizando una actividad para compartir y entregar los premios en persona más tarde, en el último trimestre del año. Será un encuentro informal para celebrar todos juntos”, explicó Suárez.

Las personas interesadas tienen hasta el domingo 12 de julio de 2020 a la medianoche para someterlos. No habrá extensión de tiempo. ​Los trabajos deben haber sido publicados del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.

Se puede participar enviando los trabajos por correo electrónico o directamente a través de este portal, llenando el formulario en línea en la página CERTAMEN 2020. De cualquier forma, se debe cumplir con las reglas del certamen.

Las reglas, hoja de inscripción y géneros se enviaron en un correo electrónico a la membresía y medios noticiosos el 3 de junio. Los archivos de esos documentos los puede descargar al final de este blog. 

Reglas básicas y criterios

• Cada trabajo se podrá someter en línea o vía correo electrónico a la dirección certamen.asppro@gmail.com incluyendo la hoja de inscripción, en la cual se indicará la categoría para la que competirá el artículo sometido, el nombre completo del autor (a), fecha y medio de publicación y título del reportaje.
• Cada autor o autora podrá someter una sola participación, por cada género, de los que considere sus mejores trabajos periodísticos. Los trabajos sometidos deberán demostrar excelencia, coherencia en lo publicado, corrección gramatical y ortográfica y uso apropiado del idioma.
• El periodista, o equipo de periodistas, sólo podrá presentar un trabajo por cada género en la categoría en la que esté participando. Es decir, un periodista que participa en la categoría de prensa escrita solamente puede presentar un trabajo por cada uno de los géneros periodísticos definidos. En caso de identificar más de una participación por género periodístico de parte de un mismo participante, ambas participaciones serán descalificadas sin necesidad de notificar al participante.
• Podrán participar en el certamen periodistas que trabajan en la prensa escrita, multimedia, radio y televisión. La participación estará limitada a periodistas activos en los medios noticiosos con sede en Puerto Rico, incluyendo corresponsales asignados fuera de la Isla y periodistas independientes o freelancers, que someten artículos a medios informativos de forma consistente, aunque no sean empleados a jornada completa de dicho medio. En el caso de trabajos publicados en páginas web, la decisión del jurado sobre si se trata de un medio noticioso o informativo bona fide será final e inapelable.
• Los miembros del Comité Ejecutivo de la Junta de Directores de la Asppro se abstendrán de participar en el certamen.
• Este año no se cobrará la cuota de inscripción en el certamen debido a la difícil situación que enfrentamos tras el cierre por el coronavirus. Se extenderán además las membresías activas del 2019 por un año adicional.

San Juan - La gobernadora Wanda Vázquez divulgó esta noche copia de un Memorando Ejecutivo dirigido a todas las agencias de la Rama Ejecutiva con un resumen de las disposiciones y alcances de su orden para controlar la propagación del nuevo coronavirus y la enfermedad del COVID-19 en Puerto Rico.

La directriz a las agencias públicas detalla las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2020-023 y reitera las limitaciones de movimiento de la población, con ciertas excepciones y propósitos específicos. Les instruye mantener la comunicación contínua con sus respectivos sectores para mantener el fiel cumplimiento de la orden.

Las penalidades por incumplimiento de la OE, que podrían llegar hasta $5,000 de multa y seis meses de cárcel, se impondrán a tenor con las constituciones de Puerto Rico y de los Estados Unidos.

Los periodistas, "miembros de los medios de comunicación, radio/ TV, prensa", se consideran personas exentas en la orden, aunque en el horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. "están autorizadas a transitar por las vías públicas única y exclusivamente para fines de ir a su trabajo y de regreso a sus respectivos hogares o viceversa".

El memorando resume que "toda persona que por las próximas dos semanas se encuentre en Puerto Rico debe permanecer en su hogar o lugar de estancia 24 horas al día los 7 días de la semana salvo los escenarios y circunstancias especificados en la Orden. Toda persona que se encuentra en Puerto Rico tiene una posibilidad de contagio y propagación, independientemente de donde trabaje, para quien trabaje o la razón por la que se encuentra en Puerto Rico durante este periodo. Por lo tanto, el toque de queda es de aplicación a todos los que se encuentran en la Isla durante las fechas señaladas, salvo las excepciones consignadas en la Orden Ejecutiva".

Por lo tanto, la restricción de movimiento aplica por igual a los turistas de visita y extranjeros en el país.

También el gobierno distribuyó el boletín informativo 20-09 de rentas internas sobre el movimiento de carga y almacenaje en Puerto Rico, que le aplica el toque de queda para todo lo que no esté exento, según dispone la orden ejecutiva. En otras palabras, las mercancías y operaciones "esenciales", que incluye la cadena de distribución de alimentos, están exentos del toque de queda, con ciertas condiciones. Los comerciantes podrán continuar levantando sus mercancías de los puertos, como de ordinario, después de radicar su declaración de importación, lo que conlleva pagos de aranceles e impuestos.

"El recogido y transportación de bienes desde los puertos hasta el almacén o local comercial del importador se considera un servicio esencial, exento del toque de queda dispuesto en la OE 2020-023. Sin embargo, esta aclaración no es extensiva a la venta de bienes que no hayan sido autorizados a ser vendidos durante el periodo cubierto en la OE 2020-023. Por consiguiente, comerciantes o importadores autorizados a levantar mercancía no autorizada a ser vendida por la OE 2020-023 deberán observar esta orden ejecutiva y solo podrán almacenar esta mercancía hasta que culmine el Cierre Total."

Descarga el memorando, boletín y la orden ejecutiva completos:

San Juan - Conforme a nuestros reclamos, el Tribunal de Apelaciones confirmó al Tribunal de Primera Instancia y ordenó hoy que nos entreguen de forma inmediata el "informe preliminar" sobre los suministros de emergencia de Ponce con la única salvedad de tachar el nombre y dirección de un testigo.

En su sentencia, el Tribunal indicó que para expedir el mandamus tomó en cuenta el balance intereses en conflicto, ponderando el posible impacto del recurso sobre los intereses públicos; evitar intromisiones indebidas en los procedimientos del Poder Ejecutivo, y que no se preste a confusión o perjuicio de los derechos de terceras personas.

La Asppro y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) habíamos agotado los trámites ordinarios para obtener el "Informe Preliminar" encomendado por la gobernadora Wanda Vázquez al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el manejo de un almacén de suministros en Ponce. Al no encontrar otro remedio en ley, radicamos un recurso de mandamus para que se ordenara al Gobierno cumplir con su deber ministerial de proveer un documento que es público.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan nos dió la razón y ordenó la entrega de dicho informe, pero al Gobierno apelar la determinación, el Tribunal de Apelaciones paralizó la orden en lo que atendía el caso.

"Se deja sin efecto la paralización decretada por este Tribunal de Apelaciones y se ordena al Gobierno de Puerto Rico que cumpla con la Sentencia dictada y notificada el 6 de marzo de 2020 por el foro primario. Entregando inmediatamente el 'Informe Preliminar' y tachando exclusivamente el nombre del testigo
entrevistado, así como la referencia a su lugar de trabajo que surgen del decimosexto párrafo de la página 4 del documento. Se ordena a la Secretaría de este Tribunal a devolver el 'Informe Preliminar' de forma inmediata y confidencial al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, para su custodia."

​El foro superior encontró que el "Informe Preliminar" que le facilitó el Gobierno a ambos tribunales de forma confidencial, "no es de naturaleza criminal, no revela la identidad de un confidente, ni contiene información confidencial alguna que pudiera causar una intromisión indebida a la investigación en curso".

El Gobierno, según el Tribunal, "no pudo demostrar que la concesión del auto de mandamus afectaría negativamente al interés público. Así, concluimos que, a la luz de los hechos del presente caso, el mandamus es el vehículo procesal adecuado para requerirle al foro primario que ordene al Gobierno la divulgación del 'Informe Preliminar".

El Tribunal de Apelaciones resolvió conforme a lo que habíamos planteado, que "el balance de los intereses se inclina a favor del derecho constitucional de acceso a la información pública. Por tal razón, el TPI [Tribunal de Primera Instancia] actuó conforme a derecho al expedir el auto de mandamus solicitado por la ASPPRO y el CPI".

También señaló que las razones expuestas por el Gobierno para no hacer público el documento requerido "no van acorde con lo plasmado en el mismo".

Al conocer la sentencia, la Asppro sollicitó el informe, pero un vocero del Gobierno indicó que se entregaría mañana viernes 12 de marzo.

Descargue la sentencia y el informe aquí:

San Juan – La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) se une al dolor y la indignación que embarga a nuestro pueblo ante el asesinato vil de Neulisa Luciano Ruiz, una mujer transgénero también conocida como Alexa.
 
Parte de nuestro rol como periodistas comprende exponer las violaciones a los derechos humanos y civiles que sufren los sectores marginados de nuestra sociedad. Como asociación creada para fomentar el trabajo ético y la solidaridad entre los periodistas, aspiramos a que el lenguaje utilizado por nuestra membresía y la sociedad en general evite reproducir la marginación o viole la dignidad de las personas, incluyendo de la comunidad LGBTTIQ.
 
La realidad social está siempre en evolución, por lo tanto, debe imperar la autocrítica y reflexión constante sobre cómo mejor contribuir a superar los males que nos aquejan como sociedad. En ese sentido, hacemos un esfuerzo por evitar a toda costa reproducir lenguaje sexista, homófobo o discriminatorio en nuestras publicaciones. Instamos a todos los periodistas y medios informativos a tomar esta precaución para evitar seguir perpetuando el discrimen y la violencia contra personas por razón de su género. Sugerimos como referencia este manual para el lenguaje inclusivo: https://www.eird.org/orange-day/docs/genero/manual-de-genero-para-periodistas-pnud.pdf
 
Nuestra exhortación no se limita a examinar el lenguaje utilizado y reproducido en nuestras plataformas. También es nuestro deber procurar respuestas de las autoridades, así como dar seguimiento a los procesos de investigación y procesamiento de los responsables de estos crímenes de odio, y reflexionar sobre la raíz de estos problemas y sus posibles soluciones.
 
En nuestra sociedad, organizaciones feministas que trabajan el tema del género y los derechos humanos han abogado por la declaración de un estado de emergencia en cuanto a la violencia de género, así como la implementación de un currículo con perspectiva de género para acabar con las inequidades y la violencia histórica contra la mujer y la población LGBTTIQ. Es hora de que se retome dicho currículo. La Asppro se une a estos reclamos en nuestro deseo de que la juventud en Puerto Rico crezca libre de prejuicios por género y orientación sexual, entre otros. Deseamos que, de aquí a unos años, las noticias que reporte el gremio periodístico sean de avance en cuanto a los derechos humanos y la equidad de género. ###

​Este Manual ha sido elaborado por el Área Práctica de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y El Caribe.  Tiene 184 páginas. El Área Práctica de Género focaliza su trabajo en cuatro áreas principales de trabajo:

• Gobernabilidad Democrática (participación política, políticas públicas de igualdad, ciudadanía, seguridad ciudadana y violencia contra las mujeres).
• Trabajo y Economía (economía del cuidado, sistemas de protección social, igualdad en el trabajo, logro de ODM).
• Desarrollo Sostenible (Gestión de Riesgos y Cambio Climático).
• Innovación, Gestión del Conocimiento y Comunicación para la Igualdad de Género (metodologías de gestión del conocimiento, portal América Latina Genera www.americalatinagenera.org; comunicación con perspectiva de género).

El objetivo del proyecto regional América Latina Genera del PNUD para Género y Comunicación, según la presentación del manual, es contribuir a mejorar el abordaje mediático y el posicionamiento en los medios del tema de igualdad de género. En el proceso de elaborar herramientas y conducir adiestramientos con periodistas, se vio la necesidad de desarrollar un instrumento específico para periodistas y así surgió el MANUAL DE GÉNERO PARA PERIODISTAS, el cual fue validado en un proceso colectivo con diversas organizaciones y profesionales de la comunicación.

La Asppro se solidariza y apoya a la colega Celimar Adames Casalduc, y se mantiene atenta a los desarrollos en torno a su demanda por discrimen de género y edad incoada contra su patrono, Televicentro (WAPA TV), a quien reclama igual paga por igual trabajo.

Aunque nuestra Asociación no tiene injerencia en las relaciones obrero-patronales o decisiones gerenciales de los medios noticiosos, fomentamos la discusión abierta de asuntos importantes de la industria y del periodismo como parte de nuestra misión educativa. Los medios, como cualquier empresa, no están exentos de problemas laborales. Los periodistas, como cualquier trabajador, no pueden realizar bien su trabajo en un ambiente de desigualdad laboral.  

Nuestro interés y una de nuestras tareas primordiales es elevar la profesión a los niveles más altos de calidad y ética facilitando la capacitación continua de colegas. No obstante, el respeto por la profesión debe ir a la par de condiciones laborales justas.   

Exhortamos a los patronos a evaluar sus escalas salariales y erradicar de sus empresas cualquier situación de desigualdad por raza, credo, sexo, edad u orientación sexual. La Asociación se mantiene, como siempre ha hecho, en unión con todo el gremio en los reclamos de mejores condiciones de trabajo para los periodistas, sin exclusión. 

Junta de Directores Asppro

San Juan - La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitaron hoy al Tribunal que ordene a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a dos de sus subalternos la entrega del informe sobre el almacén gubernamental de suministros descubierto por ciudadanos en Ponce.

La demanda que presentaron la Asppro y el CPI, incluye como demandados al secretario de Estado designado, Elmer Román, al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López Sánchez, y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de la gobernadora Vázquez Garced.

El recurso legal explica que el 18 de enero pasado varios ciudadanos descubrieron en el área de La Guancha, en Ponce, un almacén del gobierno con suministros guardados desde poco después del huracán María, hace más de dos años. Ante el hallazgo, la gobernadora Vázquez Garced ordenó al Secretario Román preparar un informe sobre el manejo de los suministros hallados en ese almacén y presentarlo en un término de 48 horas, recuerda la petición. El NIE entregó el informe el 20 de enero, dentro del término ordenado.

“El Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente ha establecido que el acceso a la información pública es un derecho humano que emana de los derechos a la libertad de expresión, prensa y asociación expresamente dispuestos en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico”, señaló la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez Lugo. 

“Con esta nueva petición de mandamus, los periodistas reiteramos nuestro compromiso con el derecho del pueblo puertorriqueño a tener acceso a la información pública y su disposición de ir a todos los foros necesarios para que el gobierno de Puerto Rico respete este derecho humano y constitucional tan fundamental para nuestra vida democrática”, añadió Suárez.

La demanda es un esfuerzo conjunto de la Asppro y el CPI, representadas por la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, informó la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

“La información solicitada por Asppro y el CPI no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno, y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información”, advierte el recurso legal.

“El interés público en conocer el resultado de cualquier investigación relacionada al incidente y manejo del almacén de suministros en Ponce supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto”, añade.

La petición de mandamus indica que Suárez Lugo solicitó a los oficiales de prensa del Secretario Román y del Comisionado López copia del informe al día siguiente de ser entregado a la Gobernadora, pero Román, López ni sus oficiales de prensa respondieron la solicitud.

El 2 de febrero, el CPI también solicitó copia del informe sobre el almacén de suministros. La solicitud la cursó a los oficiales de prensa de la Gobernadora, del Secretario Román y del Departamento de Seguridad Pública (DSP), agencia a la que está adscrito el NIE.

Al día siguiente, Mariana Cobián Rodríguez, portavoz de prensa de la Gobernadora, contestó a Carla Minet que el informe había sido referido al Departamento de Justicia. Ese día, la directora ejecutiva del CPI recibió una respuesta similar de parte de los encargados de prensa del DSP. A esta respuesta añadieron los portavoces de prensa del DSP que el CPI debían solicitar el informe al Departamento de Justicia porque el asunto era objeto de una investigación.
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“Al día de hoy, ninguna de las partes promovidas ha hecho entrega del informe solicitado”, indica la demanda. “Los documentos, materiales e información solicitados por la Asppro y el CPI son originados, conservados y/o recibidos por la Gobernadora, el Departamento de Estado y el NIE. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso y obtener una copia si así lo solicita”, añade el mandamus.