COMUNICADO DE PRENSA 

San Juan - Tras los múltiples casos positivos a Covid-19 de varias figuras políticas del país y empleados de agencias de la Rama Ejecutiva, varios colegas han manifestado sus preocupaciones a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) en torno a la exposición de los estos a conferencias de prensa que bien podrían atenderse con comunicados de prensa mediante correos electrónicos o en conferencias de prensa virtuales para evitar el contagio con el novel coronavirus.  
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En momentos en que ha aumentado considerablemente la cifra total de casos en la isla y que se hace un llamado a la ciudadanía a guardar el distanciamiento físico, la mayor parte de las conferencias de prensa o actividades públicas -- empezando por La Fortaleza -- se llevan a cabo bajo condiciones que no son las más propicias para evitar la propagación de esta enfermedad. 

A solo horas de que hayan entrado en vigor nuevas restricciones por el aumento en contagio, la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en clara violación a su propia Orden Ejecutiva que prohíbe las actividades que aglomeren personas, ha convocado a una conferencia de prensa en el Teatrito de La Fortaleza en donde no hay espacio suficiente para guardar el distanciamiento físico de seis pies necesario para evitar un posible contagio. 

“Estamos sumamente preocupados por el falso sentido de seguridad que en los pasados meses ha tenido no solo el Gobierno sino los políticos que convocan a actividades y conferencias donde apiñados tienen que esperar horas en espacios cerrados, lo que pone en riesgo su salud. Eso es una irresponsabilidad. La pasada semana la Gobernadora no solo expuso a los pacientes del Hospital Cardiovascular con una conferencia en el vestíbulo de esa institución, nuevamente expone a los periodistas al convocar al Teatrito. ¿No es más lógico efectuar la conferencia en espacios abiertos como el Jardín Hundido para poder cumplir con el distanciamiento que se le está pidiendo al Pueblo?”, cuestionó Damaris Suárez, presidenta de la Asppro. 

De hecho, los datos más recientes revelados por las autoridades sanitarias confirman un repunte en los casos positivos y que las hospitalizaciones por COVID-19 han aumentado significativamente en la isla. Asimismo, han identificado al menos 60 brotes de este virus en la primera parte de este mes. Más aún, surge de la propia Orden Ejecutiva firmada por Vázquez Garced que el estado reconoce que “en los últimos días se ha documentado en Puerto Rico un aumento progresivo en casos de COVID-19 confirmados mediante prueba molecular” y que por ello es imperativo “implantar medidas difíciles pero necesarias para proteger el derecho a la vida de cada puertorriqueño”, de acuerdo a nuestra Constitución. 

“Ante esta situación, la Asppro le solicita a los políticos y a los funcionarios a que tomen en consideración esta realidad al momento de convocar a los periodistas de manera presencial, particularmente cuando hay herramientas tecnológicas para atender a la prensa minimizando la exposición al virus. Resulta absurdo que exijan cumplimiento de los ciudadanos cuando ellos no dan el ejemplo”, insistió Suárez.

Reconocemos que esta es una situación novel para todos, en la que es vital mantener al país informado. Lo que no podemos es darnos el lujo de dejar caer la guardia y convertirnos en una estadística más del gobierno. 

Por otro lado, les hacemos un llamado a los medios de comunicación a que les provean a sus reporteros y reporteras las protecciones adecuadas al momento de enviarlos a la calle a cubrir las asignaciones. 

San Juan – La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) abrió el 3 de junio la convocatoria al XXV Premio Nacional de Periodismo, como parte de la Semana de la Prensa, que se celebrará del 26 de julio al 1ro de agosto de 2020 de forma virtual debido al COVID-19.

La Asppro celebra 26 años galardonando la excelencia periodística a través del Premio Nacional de Periodismo, que distingue los trabajos noticiosos mejor ejecutados durante los doce meses anteriores por los miembros activos de los medios de comunicación, periodistas a tiempo parcial y periodistas independientes o freelancers.

“Para mantener nuestra responsabilidad educativa y dar continuidad a nuestra semana, hemos decidido celebrar nuestra Semana de la Prensa y Convención de Periodistas (COPE20) mediante plataformas digitales para ofrecer seminarios y charlas sobre el tema del COVID-19, la llamada “nueva realidad” sumada a los terremotos y otros desastres, y cómo estos asuntos han transformado nuestra profesión”, informó Damaris Suárez, presidenta de la Asppro.

Debido a que hace unos años establecimos la radicación digital de los trabajos para el Premio Nacional de Periodismo, mantendremos la XXVI edición de la premiación. Por el efecto en la economía del cierre debido a la emergencia por el COVID-19, este año se eximirá a los colegas de pagar su cuota de membresía y se extenderá por un año la vigencia de los miembros activos en el 2019.

“Lamentablemente, no tendremos nuestra acostumbrada Gala de Premiación, que hubiera sido el 1 de agosto, por las razones que ya explicamos.  Estaremos organizando una actividad para compartir y entregar los premios en persona más tarde, en el último trimestre del año. Será un encuentro informal para celebrar todos juntos”, explicó Suárez.

Las personas interesadas tienen hasta el domingo 12 de julio de 2020 a la medianoche para someterlos. No habrá extensión de tiempo. ​Los trabajos deben haber sido publicados del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.

Se puede participar enviando los trabajos por correo electrónico o directamente a través de este portal, llenando el formulario en línea en la página CERTAMEN 2020. De cualquier forma, se debe cumplir con las reglas del certamen.

Las reglas, hoja de inscripción y géneros se enviaron en un correo electrónico a la membresía y medios noticiosos el 3 de junio. Los archivos de esos documentos los puede descargar al final de este blog. 

Reglas básicas y criterios

• Cada trabajo se podrá someter en línea o vía correo electrónico a la dirección certamen.asppro@gmail.com incluyendo la hoja de inscripción, en la cual se indicará la categoría para la que competirá el artículo sometido, el nombre completo del autor (a), fecha y medio de publicación y título del reportaje.
• Cada autor o autora podrá someter una sola participación, por cada género, de los que considere sus mejores trabajos periodísticos. Los trabajos sometidos deberán demostrar excelencia, coherencia en lo publicado, corrección gramatical y ortográfica y uso apropiado del idioma.
• El periodista, o equipo de periodistas, sólo podrá presentar un trabajo por cada género en la categoría en la que esté participando. Es decir, un periodista que participa en la categoría de prensa escrita solamente puede presentar un trabajo por cada uno de los géneros periodísticos definidos. En caso de identificar más de una participación por género periodístico de parte de un mismo participante, ambas participaciones serán descalificadas sin necesidad de notificar al participante.
• Podrán participar en el certamen periodistas que trabajan en la prensa escrita, multimedia, radio y televisión. La participación estará limitada a periodistas activos en los medios noticiosos con sede en Puerto Rico, incluyendo corresponsales asignados fuera de la Isla y periodistas independientes o freelancers, que someten artículos a medios informativos de forma consistente, aunque no sean empleados a jornada completa de dicho medio. En el caso de trabajos publicados en páginas web, la decisión del jurado sobre si se trata de un medio noticioso o informativo bona fide será final e inapelable.
• Los miembros del Comité Ejecutivo de la Junta de Directores de la Asppro se abstendrán de participar en el certamen.
• Este año no se cobrará la cuota de inscripción en el certamen debido a la difícil situación que enfrentamos tras el cierre por el coronavirus. Se extenderán además las membresías activas del 2019 por un año adicional.

San Juan - La gobernadora Wanda Vázquez divulgó esta noche copia de un Memorando Ejecutivo dirigido a todas las agencias de la Rama Ejecutiva con un resumen de las disposiciones y alcances de su orden para controlar la propagación del nuevo coronavirus y la enfermedad del COVID-19 en Puerto Rico.

La directriz a las agencias públicas detalla las disposiciones de la Orden Ejecutiva 2020-023 y reitera las limitaciones de movimiento de la población, con ciertas excepciones y propósitos específicos. Les instruye mantener la comunicación contínua con sus respectivos sectores para mantener el fiel cumplimiento de la orden.

Las penalidades por incumplimiento de la OE, que podrían llegar hasta $5,000 de multa y seis meses de cárcel, se impondrán a tenor con las constituciones de Puerto Rico y de los Estados Unidos.

Los periodistas, "miembros de los medios de comunicación, radio/ TV, prensa", se consideran personas exentas en la orden, aunque en el horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. "están autorizadas a transitar por las vías públicas única y exclusivamente para fines de ir a su trabajo y de regreso a sus respectivos hogares o viceversa".

El memorando resume que "toda persona que por las próximas dos semanas se encuentre en Puerto Rico debe permanecer en su hogar o lugar de estancia 24 horas al día los 7 días de la semana salvo los escenarios y circunstancias especificados en la Orden. Toda persona que se encuentra en Puerto Rico tiene una posibilidad de contagio y propagación, independientemente de donde trabaje, para quien trabaje o la razón por la que se encuentra en Puerto Rico durante este periodo. Por lo tanto, el toque de queda es de aplicación a todos los que se encuentran en la Isla durante las fechas señaladas, salvo las excepciones consignadas en la Orden Ejecutiva".

Por lo tanto, la restricción de movimiento aplica por igual a los turistas de visita y extranjeros en el país.

También el gobierno distribuyó el boletín informativo 20-09 de rentas internas sobre el movimiento de carga y almacenaje en Puerto Rico, que le aplica el toque de queda para todo lo que no esté exento, según dispone la orden ejecutiva. En otras palabras, las mercancías y operaciones "esenciales", que incluye la cadena de distribución de alimentos, están exentos del toque de queda, con ciertas condiciones. Los comerciantes podrán continuar levantando sus mercancías de los puertos, como de ordinario, después de radicar su declaración de importación, lo que conlleva pagos de aranceles e impuestos.

"El recogido y transportación de bienes desde los puertos hasta el almacén o local comercial del importador se considera un servicio esencial, exento del toque de queda dispuesto en la OE 2020-023. Sin embargo, esta aclaración no es extensiva a la venta de bienes que no hayan sido autorizados a ser vendidos durante el periodo cubierto en la OE 2020-023. Por consiguiente, comerciantes o importadores autorizados a levantar mercancía no autorizada a ser vendida por la OE 2020-023 deberán observar esta orden ejecutiva y solo podrán almacenar esta mercancía hasta que culmine el Cierre Total."

Descarga el memorando, boletín y la orden ejecutiva completos:

San Juan - Conforme a nuestros reclamos, el Tribunal de Apelaciones confirmó al Tribunal de Primera Instancia y ordenó hoy que nos entreguen de forma inmediata el "informe preliminar" sobre los suministros de emergencia de Ponce con la única salvedad de tachar el nombre y dirección de un testigo.

En su sentencia, el Tribunal indicó que para expedir el mandamus tomó en cuenta el balance intereses en conflicto, ponderando el posible impacto del recurso sobre los intereses públicos; evitar intromisiones indebidas en los procedimientos del Poder Ejecutivo, y que no se preste a confusión o perjuicio de los derechos de terceras personas.

La Asppro y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) habíamos agotado los trámites ordinarios para obtener el "Informe Preliminar" encomendado por la gobernadora Wanda Vázquez al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el manejo de un almacén de suministros en Ponce. Al no encontrar otro remedio en ley, radicamos un recurso de mandamus para que se ordenara al Gobierno cumplir con su deber ministerial de proveer un documento que es público.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan nos dió la razón y ordenó la entrega de dicho informe, pero al Gobierno apelar la determinación, el Tribunal de Apelaciones paralizó la orden en lo que atendía el caso.

"Se deja sin efecto la paralización decretada por este Tribunal de Apelaciones y se ordena al Gobierno de Puerto Rico que cumpla con la Sentencia dictada y notificada el 6 de marzo de 2020 por el foro primario. Entregando inmediatamente el 'Informe Preliminar' y tachando exclusivamente el nombre del testigo
entrevistado, así como la referencia a su lugar de trabajo que surgen del decimosexto párrafo de la página 4 del documento. Se ordena a la Secretaría de este Tribunal a devolver el 'Informe Preliminar' de forma inmediata y confidencial al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, para su custodia."

​El foro superior encontró que el "Informe Preliminar" que le facilitó el Gobierno a ambos tribunales de forma confidencial, "no es de naturaleza criminal, no revela la identidad de un confidente, ni contiene información confidencial alguna que pudiera causar una intromisión indebida a la investigación en curso".

El Gobierno, según el Tribunal, "no pudo demostrar que la concesión del auto de mandamus afectaría negativamente al interés público. Así, concluimos que, a la luz de los hechos del presente caso, el mandamus es el vehículo procesal adecuado para requerirle al foro primario que ordene al Gobierno la divulgación del 'Informe Preliminar".

El Tribunal de Apelaciones resolvió conforme a lo que habíamos planteado, que "el balance de los intereses se inclina a favor del derecho constitucional de acceso a la información pública. Por tal razón, el TPI [Tribunal de Primera Instancia] actuó conforme a derecho al expedir el auto de mandamus solicitado por la ASPPRO y el CPI".

También señaló que las razones expuestas por el Gobierno para no hacer público el documento requerido "no van acorde con lo plasmado en el mismo".

Al conocer la sentencia, la Asppro sollicitó el informe, pero un vocero del Gobierno indicó que se entregaría mañana viernes 12 de marzo.

Descargue la sentencia y el informe aquí:

San Juan – La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) se une al dolor y la indignación que embarga a nuestro pueblo ante el asesinato vil de Neulisa Luciano Ruiz, una mujer transgénero también conocida como Alexa.
 
Parte de nuestro rol como periodistas comprende exponer las violaciones a los derechos humanos y civiles que sufren los sectores marginados de nuestra sociedad. Como asociación creada para fomentar el trabajo ético y la solidaridad entre los periodistas, aspiramos a que el lenguaje utilizado por nuestra membresía y la sociedad en general evite reproducir la marginación o viole la dignidad de las personas, incluyendo de la comunidad LGBTTIQ.
 
La realidad social está siempre en evolución, por lo tanto, debe imperar la autocrítica y reflexión constante sobre cómo mejor contribuir a superar los males que nos aquejan como sociedad. En ese sentido, hacemos un esfuerzo por evitar a toda costa reproducir lenguaje sexista, homófobo o discriminatorio en nuestras publicaciones. Instamos a todos los periodistas y medios informativos a tomar esta precaución para evitar seguir perpetuando el discrimen y la violencia contra personas por razón de su género. Sugerimos como referencia este manual para el lenguaje inclusivo: https://www.eird.org/orange-day/docs/genero/manual-de-genero-para-periodistas-pnud.pdf
 
Nuestra exhortación no se limita a examinar el lenguaje utilizado y reproducido en nuestras plataformas. También es nuestro deber procurar respuestas de las autoridades, así como dar seguimiento a los procesos de investigación y procesamiento de los responsables de estos crímenes de odio, y reflexionar sobre la raíz de estos problemas y sus posibles soluciones.
 
En nuestra sociedad, organizaciones feministas que trabajan el tema del género y los derechos humanos han abogado por la declaración de un estado de emergencia en cuanto a la violencia de género, así como la implementación de un currículo con perspectiva de género para acabar con las inequidades y la violencia histórica contra la mujer y la población LGBTTIQ. Es hora de que se retome dicho currículo. La Asppro se une a estos reclamos en nuestro deseo de que la juventud en Puerto Rico crezca libre de prejuicios por género y orientación sexual, entre otros. Deseamos que, de aquí a unos años, las noticias que reporte el gremio periodístico sean de avance en cuanto a los derechos humanos y la equidad de género. ###

​Este Manual ha sido elaborado por el Área Práctica de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y El Caribe.  Tiene 184 páginas. El Área Práctica de Género focaliza su trabajo en cuatro áreas principales de trabajo:

• Gobernabilidad Democrática (participación política, políticas públicas de igualdad, ciudadanía, seguridad ciudadana y violencia contra las mujeres).
• Trabajo y Economía (economía del cuidado, sistemas de protección social, igualdad en el trabajo, logro de ODM).
• Desarrollo Sostenible (Gestión de Riesgos y Cambio Climático).
• Innovación, Gestión del Conocimiento y Comunicación para la Igualdad de Género (metodologías de gestión del conocimiento, portal América Latina Genera www.americalatinagenera.org; comunicación con perspectiva de género).

El objetivo del proyecto regional América Latina Genera del PNUD para Género y Comunicación, según la presentación del manual, es contribuir a mejorar el abordaje mediático y el posicionamiento en los medios del tema de igualdad de género. En el proceso de elaborar herramientas y conducir adiestramientos con periodistas, se vio la necesidad de desarrollar un instrumento específico para periodistas y así surgió el MANUAL DE GÉNERO PARA PERIODISTAS, el cual fue validado en un proceso colectivo con diversas organizaciones y profesionales de la comunicación.

La Asppro se solidariza y apoya a la colega Celimar Adames Casalduc, y se mantiene atenta a los desarrollos en torno a su demanda por discrimen de género y edad incoada contra su patrono, Televicentro (WAPA TV), a quien reclama igual paga por igual trabajo.

Aunque nuestra Asociación no tiene injerencia en las relaciones obrero-patronales o decisiones gerenciales de los medios noticiosos, fomentamos la discusión abierta de asuntos importantes de la industria y del periodismo como parte de nuestra misión educativa. Los medios, como cualquier empresa, no están exentos de problemas laborales. Los periodistas, como cualquier trabajador, no pueden realizar bien su trabajo en un ambiente de desigualdad laboral.  

Nuestro interés y una de nuestras tareas primordiales es elevar la profesión a los niveles más altos de calidad y ética facilitando la capacitación continua de colegas. No obstante, el respeto por la profesión debe ir a la par de condiciones laborales justas.   

Exhortamos a los patronos a evaluar sus escalas salariales y erradicar de sus empresas cualquier situación de desigualdad por raza, credo, sexo, edad u orientación sexual. La Asociación se mantiene, como siempre ha hecho, en unión con todo el gremio en los reclamos de mejores condiciones de trabajo para los periodistas, sin exclusión. 

Junta de Directores Asppro

San Juan - La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitaron hoy al Tribunal que ordene a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a dos de sus subalternos la entrega del informe sobre el almacén gubernamental de suministros descubierto por ciudadanos en Ponce.

La demanda que presentaron la Asppro y el CPI, incluye como demandados al secretario de Estado designado, Elmer Román, al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López Sánchez, y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de la gobernadora Vázquez Garced.

El recurso legal explica que el 18 de enero pasado varios ciudadanos descubrieron en el área de La Guancha, en Ponce, un almacén del gobierno con suministros guardados desde poco después del huracán María, hace más de dos años. Ante el hallazgo, la gobernadora Vázquez Garced ordenó al Secretario Román preparar un informe sobre el manejo de los suministros hallados en ese almacén y presentarlo en un término de 48 horas, recuerda la petición. El NIE entregó el informe el 20 de enero, dentro del término ordenado.

“El Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente ha establecido que el acceso a la información pública es un derecho humano que emana de los derechos a la libertad de expresión, prensa y asociación expresamente dispuestos en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico”, señaló la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez Lugo. 

“Con esta nueva petición de mandamus, los periodistas reiteramos nuestro compromiso con el derecho del pueblo puertorriqueño a tener acceso a la información pública y su disposición de ir a todos los foros necesarios para que el gobierno de Puerto Rico respete este derecho humano y constitucional tan fundamental para nuestra vida democrática”, añadió Suárez.

La demanda es un esfuerzo conjunto de la Asppro y el CPI, representadas por la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, informó la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

“La información solicitada por Asppro y el CPI no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno, y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información”, advierte el recurso legal.

“El interés público en conocer el resultado de cualquier investigación relacionada al incidente y manejo del almacén de suministros en Ponce supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto”, añade.

La petición de mandamus indica que Suárez Lugo solicitó a los oficiales de prensa del Secretario Román y del Comisionado López copia del informe al día siguiente de ser entregado a la Gobernadora, pero Román, López ni sus oficiales de prensa respondieron la solicitud.

El 2 de febrero, el CPI también solicitó copia del informe sobre el almacén de suministros. La solicitud la cursó a los oficiales de prensa de la Gobernadora, del Secretario Román y del Departamento de Seguridad Pública (DSP), agencia a la que está adscrito el NIE.

Al día siguiente, Mariana Cobián Rodríguez, portavoz de prensa de la Gobernadora, contestó a Carla Minet que el informe había sido referido al Departamento de Justicia. Ese día, la directora ejecutiva del CPI recibió una respuesta similar de parte de los encargados de prensa del DSP. A esta respuesta añadieron los portavoces de prensa del DSP que el CPI debían solicitar el informe al Departamento de Justicia porque el asunto era objeto de una investigación.
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“Al día de hoy, ninguna de las partes promovidas ha hecho entrega del informe solicitado”, indica la demanda. “Los documentos, materiales e información solicitados por la Asppro y el CPI son originados, conservados y/o recibidos por la Gobernadora, el Departamento de Estado y el NIE. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso y obtener una copia si así lo solicita”, añade el mandamus.

San Juan - La Junta de Directores de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) hizo un llamado público a que se respete el trabajo periodístico en la cobertura noticiosa de las manifestaciones y se proteja a los colegas de ataques directos maliciosos y orquestados, tanto físicos como mediante redes sociales.

Los periodistas hemos contado con el respeto y agradecimiento de la gran mayoría del pueblo puertorriqueño a través de nuestra historia gracias al trabajo comprometido y ético de miles de colegas en la búsqueda de la verdad. Puerto Rico ha conocido de innumerables injusticias por nuestro trabajo y ha comprendido los contextos y circunstancias de su realidad por nuestras investigaciones, muchas veces logradas contra adversidades internas y externas, amenazas, y por puro compromiso con el país.

Entendemos y aceptamos que nuestra profesión nos expone a encontrarnos en medio de conflictos difíciles y a veces violentos en los que podemos sufrir de forma colateral. Lo que es inaceptable son los ataques violentos a nuestros colegas cuando solo cumplen con su deber de informar al pueblo.

Los reporteros y reporteras somos como cualquier trabajador, deseosos de hacer bien nuestro trabajo. La gran mayoría no controlamos las líneas editoriales ni los estilos o decisiones gerenciales de los medios. Los periodistas tampoco nos dedicamos al negocio del entretenimiento. Lo que nos mueve por encima de todo es la búsqueda de la verdad y servirle a nuestro pueblo.

Debemos recordar que en la historia de Puerto Rico y sus movimientos sociales siempre aparecen elementos con agendas nocivas para desvirtuarlos y manipular la opinión pública. Nosotros también somos objeto de un operativo orquestado a través de las redes sociales. No queremos que esto se repita en la calle.

Le advertimos a quienes se ensañan en la faena de atacar periodistas que solo logran lo opuesto a su propósito. Atendemos esto ahora, pero no podemos desviar el foco de nuestro trabajo ni dejar de cumplir con nuestro deber. El país nos necesita informando.
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Los organizadores y manifestantes de las protestas masivas conocen y valoran el trabajo periodístico y esperamos que ejerzan su buen criterio con algunos elementos aislados y minoritarios para que defiendan su derecho a estar bien informados. Protegiendo a periodistas se protege su derecho a saber. 

SAN JUAN – La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) condena el trato discriminatorio que han recibido periodistas puertorriqueños de parte de algunos funcionarios públicos que han negado u obstaculizado el acceso a información pública y entrevistas con jefes de agencias en la actual situación crítica que vive nuestra ciudadanía debido a la serie de terremotos.

Nuestros colegas han expresado individualmente que tanto la alta gerencia como el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz Vázquez, ha actuado contrario a la política pública de transparencia en el acceso y manejo de información pública.

En medio del temor, ansiedad y desasosiego que sufre nuestro pueblo, sobre todo en el suroeste, Ortiz Vázquez divulgó información errónea sobre la situación del sistema eléctrico a pesar de haber sido cuestionado en múltiples instancias por periodistas puertorriqueños sobre el estatus de la recuperación tras los sismos que han afectado al país desde el 28 de diciembre pasado. Por varios días y en distintas entrevistas con medios noticiosos, el director de la AEE (1) ocultó información, (2) cambió la versión sobre los daños ocurridos en la Central Costa Sur, y (3) brindó datos falsos sobre la condición de dicha instalación, la segunda de mayor generación de energía en la Isla.

No fue hasta que David Begnaud, periodista de la cadena estadounidense CBS News, indagó sobre el estatus de la recuperación que Ortiz Vázquez finalmente (4) admitió la magnitud real de los daños, (5) accedió a ser entrevistado por el colega y (6) proveyó acceso a las instalaciones. Todo lo anterior lo negó en repetidas ocasiones a periodistas locales, a través de sus oficiales de prensa.

La falta de transparencia gubernamental y de inaccesibilidad a información pública no es nueva. La Asppro se ve nuevamente precisada a expresar esta denuncia y condena en defensa del derecho fundamental de los periodistas, como instrumentos que somos de información al pueblo. Las acciones de funcionarios públicos atentan contra el derecho de la ciudadanía a saber lo que hace su gobierno y de recibir información esencial para tomar decisiones.

Sirva esta nueva afrenta al derecho constitucional de acceso a la información pública para recordar a funcionarios como Ortiz Vázquez que exigimos más y mejor información, y no cesaremos de agotar todos los foros disponibles para hacer respetar este derecho que, no es exclusivo de los periodistas sino de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas.
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Igualmente condenamos la mala práctica de jefes de agencias y sus oficiales de prensa de pretender que nos limitemos a sus publicaciones de redes sociales. Dar prioridad a colegas de televisión o con capacidad de transmitir en directo también es discriminatorio. Nuestro pueblo merece algo mejor que esto, por eso la Asppro continuará apoyando con responsabilidad y ética periodística la búsqueda de la verdad contra cualquier escollo. Ese es nuestro compromiso.