Declaración de la Junta de Directores
Asppro condena toda violencia contra periodistasSan Juan - La Junta de Directores de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) hizo un llamado público a que se respete el trabajo periodístico en la cobertura noticiosa de las manifestaciones y se proteja a los colegas de ataques directos maliciosos y orquestados, tanto físicos como mediante redes sociales. Los periodistas hemos contado con el respeto y agradecimiento de la gran mayoría del pueblo puertorriqueño a través de nuestra historia gracias al trabajo comprometido y ético de miles de colegas en la búsqueda de la verdad. Puerto Rico ha conocido de innumerables injusticias por nuestro trabajo y ha comprendido los contextos y circunstancias de su realidad por nuestras investigaciones, muchas veces logradas contra adversidades internas y externas, amenazas, y por puro compromiso con el país. Entendemos y aceptamos que nuestra profesión nos expone a encontrarnos en medio de conflictos difíciles y a veces violentos en los que podemos sufrir de forma colateral. Lo que es inaceptable son los ataques violentos a nuestros colegas cuando solo cumplen con su deber de informar al pueblo. Los reporteros y reporteras somos como cualquier trabajador, deseosos de hacer bien nuestro trabajo. La gran mayoría no controlamos las líneas editoriales ni los estilos o decisiones gerenciales de los medios. Los periodistas tampoco nos dedicamos al negocio del entretenimiento. Lo que nos mueve por encima de todo es la búsqueda de la verdad y servirle a nuestro pueblo. Debemos recordar que en la historia de Puerto Rico y sus movimientos sociales siempre aparecen elementos con agendas nocivas para desvirtuarlos y manipular la opinión pública. Nosotros también somos objeto de un operativo orquestado a través de las redes sociales. No queremos que esto se repita en la calle. Le advertimos a quienes se ensañan en la faena de atacar periodistas que solo logran lo opuesto a su propósito. Atendemos esto ahora, pero no podemos desviar el foco de nuestro trabajo ni dejar de cumplir con nuestro deber. El país nos necesita informando. Los organizadores y manifestantes de las protestas masivas conocen y valoran el trabajo periodístico y esperamos que ejerzan su buen criterio con algunos elementos aislados y minoritarios para que defiendan su derecho a estar bien informados. Protegiendo a periodistas se protege su derecho a saber.
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La falta de transparencia gubernamental y de inaccesibilidad a información pública no es nueva. La Asppro se ve nuevamente precisada a expresar esta denuncia y condena en defensa del derecho fundamental de los periodistas, como instrumentos que somos de información al pueblo. Las acciones de funcionarios públicos atentan contra el derecho de la ciudadanía a saber lo que hace su gobierno y de recibir información esencial para tomar decisiones." Declaración de la Junta de Directores de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico Declaración de la Junta de Directores de Asppro 9 de enero de 2020 SAN JUAN – La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) condena el trato discriminatorio que han recibido periodistas puertorriqueños de parte de algunos funcionarios públicos que han negado u obstaculizado el acceso a información pública y entrevistas con jefes de agencias en la actual situación crítica que vive nuestra ciudadanía debido a la serie de terremotos. Nuestros colegas han expresado individualmente que tanto la alta gerencia como el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz Vázquez, ha actuado contrario a la política pública de transparencia en el acceso y manejo de información pública. En medio del temor, ansiedad y desasosiego que sufre nuestro pueblo, sobre todo en el suroeste, Ortiz Vázquez divulgó información errónea sobre la situación del sistema eléctrico a pesar de haber sido cuestionado en múltiples instancias por periodistas puertorriqueños sobre el estatus de la recuperación tras los sismos que han afectado al país desde el 28 de diciembre pasado. Por varios días y en distintas entrevistas con medios noticiosos, el director de la AEE (1) ocultó información, (2) cambió la versión sobre los daños ocurridos en la Central Costa Sur, y (3) brindó datos falsos sobre la condición de dicha instalación, la segunda de mayor generación de energía en la Isla. No fue hasta que David Begnaud, periodista de la cadena estadounidense CBS News, indagó sobre el estatus de la recuperación que Ortiz Vázquez finalmente (4) admitió la magnitud real de los daños, (5) accedió a ser entrevistado por el colega y (6) proveyó acceso a las instalaciones. Todo lo anterior lo negó en repetidas ocasiones a periodistas locales, a través de sus oficiales de prensa. La falta de transparencia gubernamental y de inaccesibilidad a información pública no es nueva. La Asppro se ve nuevamente precisada a expresar esta denuncia y condena en defensa del derecho fundamental de los periodistas, como instrumentos que somos de información al pueblo. Las acciones de funcionarios públicos atentan contra el derecho de la ciudadanía a saber lo que hace su gobierno y de recibir información esencial para tomar decisiones. Sirva esta nueva afrenta al derecho constitucional de acceso a la información pública para recordar a funcionarios como Ortiz Vázquez que exigimos más y mejor información, y no cesaremos de agotar todos los foros disponibles para hacer respetar este derecho que, no es exclusivo de los periodistas sino de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Igualmente condenamos la mala práctica de jefes de agencias y sus oficiales de prensa de pretender que nos limitemos a sus publicaciones de redes sociales. Dar prioridad a colegas de televisión o con capacidad de transmitir en directo también es discriminatorio. Nuestro pueblo merece algo mejor que esto, por eso la Asppro continuará apoyando con responsabilidad y ética periodística la búsqueda de la verdad contra cualquier escollo. Ese es nuestro compromiso. 
En el desempeño normal de nuestro trabajo, nos relacionamos con el poder político, pero al develarse un esquema concertado de funcionarios utilizando y abusando de los poderes gubernamentales, tenemos que reconocer que la presente coyuntura histórica exige la mayor transparencia posible de todos los que nos dedicamos al periodismo, incluyendo las empresas y productores de productos noticiosos. A mayor transparencia, el pueblo tendrá mayores elementos de juicio y conservará la confianza en nuestra labor. Esa ha sido nuestra única motivación al expresarnos." Declaración OPC AspproA raíz del comunicado conjunto aprobado y publicado anoche por las juntas de directores del Overseas Press Club (OPC) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), el director general de GFR Media Jorge Cabezas se comunicó con los presidentes de ambas organizaciones para expresar su malestar, a nombre suyo y de los empleados de esa empresa. Cabezas reclamó que se revisara el comunicado para que se identificara las empresas mencionadas en el chat de Telegram a las que, de forma general, pedimos explicaciones sobre su alegada participación en intentos de manipular la opinión pública. Las empresas responsables de las publicaciones y programas mencionados en el escandaloso chat son Publi-Inversiones (El Vocero), Univisión y SBS. Para el público general, que desconoce las dinámicas y características del trabajo de los medios noticiosos, es importante subrayar que nuestras organizaciones agrupan y representan a periodistas que por lo general no controlan ni son responsables por las líneas editoriales de sus respectivos patronos. La Asppro desea puntualizar, que a raíz de las primeras noticias sobre el chat en el cual funcionarios aludían a periodistas y medios, el 17 de julio pasado declaró “inaceptable los intentos de manipulación del poder político al trabajo periodístico responsable, así como de las presiones indebidas contra periodistas que ejercen su profesión con seriedad y ética”, y como tal debemos estar abiertos a la crítica constructiva. En ese mismo contexto, el OPC condenó las expresiones derogatorias dirigidas a los periodistas por algunos de los participantes del chat. Eso incluyó los insultos dirigidos a Benjamín Torres Gotay, subdirector de Proyectos y Coberturas Especiales de El Nuevo Día. El OPC reclamó además la divulgación inmediata de otros chats similares en los que, según informes de prensa, se mencionan periodistas o se discuten posibles acciones contra estos. Cabezas cuestionó nuestro llamado de ayer para que El Nuevo Día explicara más sobre alegaciones de la ex reportera de ese periódico Cynthia López Cabán sobre hechos ocurridos hace dos años. Se le explicó que dichas alegaciones surgieron por primera vez hace pocos días y nos reiteramos en que la reacción del periódico hasta ahora no atiende de forma abarcadora las imputaciones sobre intervenciones de elementos políticos en la línea editorial como, según se alega, plantearon López Cabán y otros periodistas en una reunión con representantes de la gerencia hace tiempo. La realidad es que las alegaciones sobre El Nuevo Día y otros medios arroja sombra sobre todos los periodistas, no solo algunos, porque muchos sectores del público tienden a juzgarnos como grupo, sin hacer distinciones. Existe mucha hostilidad hacia “la prensa” y periodistas en las redes sociales, con odio destilado por un extremo estadista herido por el escándalo y por otra parte, las manifestaciones de frustración e indignación con todo lo que ha trascendido de parte de otros sectores. Vivimos momentos en que el pueblo exige una rendición de cuentas, no solo del poder político, sino de la estructuras gubernamentales y sectores como nuestro gremio, que incidimos también en la opinión pública. En el desempeño normal de nuestro trabajo, nos relacionamos con el poder político, pero al develarse un esquema concertado de funcionarios utilizando y abusando de los poderes gubernamentales, tenemos que reconocer que la presente coyuntura histórica exige la mayor transparencia posible de todos los que nos dedicamos al periodismo, incluyendo las empresas y productores de productos noticiosos. A mayor transparencia, el pueblo tendrá mayores elementos de juicio y conservará la confianza en nuestra labor. Esa ha sido nuestra única motivación al expresarnos.
Asppro anuncia finalistas del XXV Premio Nacional de Periodismo y la creación de un nuevo premio especialSan Juan – La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) abrió hoy la tradicional Semana de la Prensa anunciando una serie de foros y talleres de educación continua sobre realidades actuales que confrontan los periodistas y el país, así como los retos de trascender los límites del periodismo corporativo para una cobertura basada en las comunidades. “Las plenarias tocan temas que no tan solo han dominado la discusión pública, sino que han sido trascendentales para el futuro de Puerto Rico, a la vez de retantes por su complejidad técnica para el trabajo periodístico, que requiere transmitirlo de manera accesible al público, el reto siempre presente de todo periodista”, explicó Damaris Suárez, presidenta de la Asppro, en una rueda de prensa. Los acontecimientos de las últimas semanas estarán presentes en estas discusiones, aseguró Suárez, reconociendo el importante papel que han tenido los periodistas en destapar una serie de denuncias sobre corrupción gubernamental. “Tanto en las plenarias como en la asamblea de la Asppro el sábado tendremos oportunidad de abordar las preocupaciones del gremio en torno a la labor periodística en esta coyuntura histórica. La Asociación, en sus casi cincuenta años de historia, se ha dedicado a la educación continua y ética de los periodistas, además de orientar al público sobre nuestra profesión haciendo siempre la distinción importante de que agrupamos y representamos a periodistas, no a los medios ni la prensa como industria”, declaró la presidenta de la Asociación de Periodistas. Las actividades de la Convención de Periodistas también siempre buscan mirar los nuevos rumbos que está tomando el periodismo, y para eso la Asppro incluyó nuevos modelos de medios dedicados al periodismo comunitario como una manera de transcender los modelos tradicionales de prensa. Los temas se desarrollarán en foros públicos y gratuitos, cubriendo los retos de la cobertura periodística sobre la bancarrota del país, de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF) y la ley Promesa; además de técnicas de periodismo de investigación, herramientas digitales, y una mirada obligada a la década de la recuperación después del huracán María. Las actividades comienzan el miércoles 31 de julio – Día Nacional del Periodista – con una ofrenda floral en la tumba de César Andreu Iglesias y el panteón de periodistas en el cementerio Puerto Rico Memorial en la Ave. Isla Verde, y la entrega de la proclama por el Departamento de Estado. Las plenarias y el taller se efectuarán desde ese día hasta el viernes en el anfiteatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, en Hato Rey. Para contribuir a estas discusiones, además de los periodistas puertorriqueños, abogados y un líder comunitario, viajarán expresamente a la Isla los siguientes invitados especiales: Mariana Alvarado, periodista y profesora del Centro para la Educación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara, México, y del Google News Lab/Google News Iniciative; George B. Sánchez-Tello, cofundador de Tuyo Media y profesor de la Universidad del Estado de California en Northridge; y Jean Friedman-Rudovsky, cofundadora de Tuyo Media y codirectora ejecutiva de Resolve Philadelphia 25 aniversario del Premio Nacional de Periodismo y nuevo premio especial Este año el Premio Nacional de Periodismo, que instituyó la Asppro para incentivar principalmente los reportajes investigativos y otros géneros periodísticos, cumple 25 años. Por tal motivo la Asociación presentó hoy un cartel conmemorativo que comisionó al artista Nelson Sambolín. La venta de este cartel, de tirada limitada, es una actividad de recaudación de fondos para la organización sin fines de lucro a través de su portal web asppro.org y en las actividades de la semana. Asimismo, anunció la creación de un nuevo premio especial para reconocer la “excelencia periodística y trayectoria profesional” de periodistas sobresalientes por su trabajo, ética, compromiso, justicia social y solidaridad a lo largo de una extensa carrera periodística. Estas virtudes emulan la vida profesional y personal de la periodista Maritza Díaz Alcaide, quien murió a los 57 años en el 2017, y cuyo profesionalismo y sensibilidad es ampliamente reconocido por sus colegas, fuentes periodísticas y el público en general, recordó Suárez. “Al crear este premio en nombre de la querida colega, que fue destacada afiliada y miembro de varias juntas directivas de la Asppro, queremos reconocer aquellos periodistas que han dedicado sus vidas al libre ejercicio del periodismo e inspirar a futuras generaciones sobre nuestros valores como profesionales y persona”, apuntó. La persona merecedora de este nuevo premio se anunciará durante la gala del XXV Premio Nacional de Periodismo el sábado 3 de agosto en Carolina. Este galardón se agrega al otro premio especial para “periodista joven del año” en honor de Laura Rivera Meléndez, quien murió repentinamente a los 23 años en 2005, cuando apenas iniciaba una prometedora carrera. La gala del sábado está dedicada a los hacedores del premio, el expresidente de la Asppro Nelson del Castillo y el exdirector ejecutivo Manolo Coss Pontón. Actualmente el Premio se otorga exclusivamente por trabajos de noticia del momento, entrevista, reportaje especial, crónica y reportaje investigativo, de periodistas activos en radio, televisión, multimedios y prensa escrita. La celebración estelar del año, exclusiva para miembros e invitados, concluirá con presentaciones musicales de Los Rivera Destino y La Tribu de Abrante. Finalmente, la presidenta de la Asociación agradeció a las compañías, organizaciones y entidades privadas cuyos donativos y colaboraciones hacen posible que la organización pueda realizar todas estas actividades y premiaciones respetando la independencia de nuestra organización: Walmart, Plaza Las Américas, Genesis Security, Serrallés, Cercevera de Puerto Rico, Coca Cola, Burger King, Triple S, Walgreens, Toyota, Ford, T Mobile, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Banco Popular, Merck, Medtronics, Universidad Ana G. Méndez, APS, AEELA, V. Suárez & Compañía, Cooperativa Zeno Gandía, Primex, CC1, Hotel Verdanza, Spirit, Radio Isla, Metro Puerto Rico, The Big Think Group, Econo, Parador Combate Beach y Universidad de Puerto Rico Recinto de Carolina. Los siguientes son los finalistas de la gala del XXV Premio Nacional de Periodismo (en orden alfabético de primer apellido):
Los periodistas galardonados por sus reportajes con el Premio Nacional son seleccionados por un jurado independiente de profesionales comunicadores, periodistas y profesores, dividido en paneles separados de prensa escrita, radio, multimedios y televisión. Sus laudos son finales e inapelables. Jurado del XXV Premio Nacional de Periodismo Daisy Sánchez Presidenta del jurado Mary Jo Vizcarrondo Panel TV Pepo García Panel TV Annette Álvarez Panel TV Gary Gutiérrez Panel Radio Jimmy Torres Panel Radio Zoraida Nelly Torres Panel Radio Claudio Matos Panel Prensa Escrita Eugenio Hopgood Dávila Panel Prensa Escrita Ruth Hernández Panel Prensa Escrita Yaritza Medina Panel Multimedios Vivien Mattei Panel Multimedios Yadira Nieves Panel Multimedios
Comunicado de prensa conjunto del OPC y AspproSan Juan – La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club (OPC) reclamaron que las gerencias de los medios noticiosos, mencionados en el chat de Telegram que recientemente provocó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, le aclaren al país la participación que tuvieron o no tuvieron en los intentos de manipulación de la opinión pública que aparecen discutidos en el chat. Es un asunto que afecta a todos en el periodismo puertorriqueño, aunque las juntas de la OPC y Asppro consignaron la diferencia entre las decisiones de las gerencias de los medios y el trabajo de nuestros colegas periodistas que se esfuerzan diariamente por informar la verdad. Debe quedar claro a los ojos del país, que los periodistas que en su trabajo por producir noticias justas corren riesgos personales y enfrentan hostilidades del gobierno, en la calle y a veces hasta de las propias empresas para las que trabajan, no son responsables de decisiones tomadas por la alta gerencia. Además, atendiendo denuncias de la colega Cynthia López Cabán, las juntas de Asppro y la OPC le reclamaron a la gerencia de El Nuevo Día que, en aras de la transparencia y la responsabilidad social que debe guiar a la empresa, ofrezca explicaciones públicas más abarcadoras sobre la alegada influencia de personas relacionadas a la actual administración de gobierno en la línea editorial del periódico durante los primeros meses de este cuatrienio. En declaraciones recientes López Cabán, quien ahora trabaja para el grupo editorial de El Vocero a través del Weekely Journal, denunció un patrón de interferencia en la línea editorial de El Nuevo Día, periódico para el cual laboró durante muchos años hasta 2017. Dicha interferencia, según López Cabán, habría sido encabezada desde principios de ese año por Elías Sánchez, Carlos Bermúdez y Edwin Miranda, tres de los participantes del chat antes mencionado. Sánchez fungía entonces como portavoz del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal. Bermúdez ya asesoraba a La Fortaleza a través de su empresa Ojo Creativo mientras Miranda era el principal publicista de la administración mediante contrato de su empresa KOI con varias agencias públicas. La gerencia de El Nuevo Día, por voz de su editora María Luisa Ferré Rangel, rechazó las alegaciones de López Cabán asegurando que el periódico “ha fiscalizado de manera constante a este gobierno” y ha investigado y denunciado a Sánchez en múltiples ocasiones. La exsubdirectora del diario Farasch López Reyloz, por su parte, circunscribió al ámbito profesional su relación con las tres personas señaladas. A raíz de los eventos recientes y en el inicio de la Semana de la Prensa, el pueblo espera no solo del gobierno sino de todas las entidades que manejan los asuntos públicos, incluidos los medios de comunicación, el mayor nivel de divulgación sobre asuntos que podrían atentar contra la credibilidad y confianza depositada por el pueblo en sus periodistas. Las juntas de ambas organizaciones aclararon que Gerardo Alvarado, de la Junta del OPC, Sara Del Valle y David Cordero, de la junta de la Asppro, quienes fungen como reporteros El Nuevo Día, se inhibieron del proceso. At the current historical juncture, it seems unacceptable to us that the governor has chosen to ignore the media dedicated to informing its constituents to give preference to English speaking media that broadcasts to the United States. . If you are interested in keeping your People informed, this is where you must talk." Statement San Juan – The Board of Directors of the Journalists Association of Puerto Rico (Asppro, by the Spanish acronym) condemns Governor Ricardo Rossello Nevares' refusal to respond to multiple requests for interviews by the Puerto Rican press choosing to do so with the U.S. television network Fox News instead of being available to inform and report to its constituents. Since Rossello Nevares disclosed that he would not resign on the grounds that he made an introspection and had a private legal opinion that concluded the Telegram chat did not constitute crimes, he has not had any public appearance. The secretary of Public Affairs Anthony Madeira’s instructions to journalists are that all requests must be in writing and, although he has been asked for statements by the governor, the governor so far has not offered interviews or called press conferences to answer questions since that day. However, on Monday the 22th the governor had time for an interview with Fox News. At the current historical juncture, it seems unacceptable to us that the governor has chosen to ignore the media dedicated to informing its constituents to give preference to English speaking media that broadcasts to the United States. If you are interested in keeping your People informed, this is where you must talk. In addition, since he arrived from his trip to Europe more than a week ago, the governor has issued very few statements – through press releases or a Facebook Live – that do not give the opportunity to ask him questions about the historical events that continue to unfold before us, the country, our diaspora and the world. The governor needs to remember that when he swore to defend the constitution and the laws of Puerto Rico, he assumed the representation of the People promising to respect the democratic processes, which includes the right to freedom of the press and access to public information. We will continue to use all the necessary mechanisms to provide our People with the information they are entitled to, deserve and need, and reaffirm our commitment to inform the truth.
En la presente coyuntura histórica, nos parece inaceptable que el gobernador haya optado por ignorar a los medios dedicados a informar a sus constituyentes para dar preferencia a medios en inglés que difunden noticias a los Estados Unidos. De tener interés en mantener a su Pueblo informado, es aquí donde tiene que hablar." Declaración de la Junta de Directores de Asppro San Juan – La Junta de Directores de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) condena la negativa del gobernador Ricardo Rosselló Nevares a responder a los múltiples pedidos de entrevista de la prensa puertorriqueña para optar por hacerlo con la cadena estadounidense de televisión FoxNews en lugar de estar disponible para informar y rendir cuentas a sus constituyentes. Desde que Rosselló Nevares dio a conocer que no renunciaría alegando que hizo una introspección y tenía una opinión legal privada que concluyó que las conversaciones del chat de Telegram no constituían delitos, no ha tenido ninguna comparecencia pública. Las instrucciones del secretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira a los periodistas es que todas sus peticiones deben ser por escrito y, pese a que se le ha solicitado declaraciones del gobernador, el mandatario hasta el momento no ha ofrecido entrevistas ni convocado conferencias de prensa para contestar preguntas desde ese día. No obstante, el lunes 22 el gobernador tuvo tiempo para una entrevista con FoxNews. En la presente coyuntura histórica, nos parece inaceptable que el gobernador haya optado por ignorar a los medios dedicados a informar a sus constituyentes para dar preferencia a medios en inglés que difunden noticias a los Estados Unidos. De tener interés en mantener a su Pueblo informado, es aquí donde tiene que hablar. Además, desde que llegó de su viaje a Europa hace más de una semana, el gobernador ha emitido muy escasas expresiones – mediante comunicados de prensa o un Facebook Live – que no dan la oportunidad de hacerle preguntas sobre los acontecimientos históricos que continúan develándose ante nosotros, el país, nuestra diáspora y el mundo. El gobernador necesita recordar que cuando juró defender la constitución y las leyes de Puerto Rico asumió la representación de un pueblo prometiendo respetar los procesos democráticos, entre los cuales se encuentra el derecho a la libertad de prensa y el acceso a la información pública. Continuaremos utilizando todos los mecanismos necesarios para proveer a nuestro pueblo la información a la que tiene derecho, se merece y necesita, y reafirmamos nuestro compromiso de informar la verdad.
Defendemos el periodismo ético y profesional y nos regimos por el código de ética de nuestra Asociación. Reafirmamos nuestro compromiso de reportar de forma imparcial el acontecer del país y censuramos que se ofrezcan o se acepten preguntas para avanzar agendas políticas o manipular la opinión pública. Esto no tiene lugar en el periodismo responsable. Es legítimo tener fuentes que ofrezcan información a los periodistas, pero las preguntas plantadas no. Ningún profesional serio permitiría tal cosa." Comunicado de Prensa San Juan – La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) repudió las expresiones derogatorias contra periodistas vertidas en un chat digital de altos funcionarios de gobierno encabezados por el propio gobernador Ricardo Rosselló y llamó a los colegas a mantener su enfoque en la búsqueda de la verdad. Las declaraciones de altos funcionarios, que comenzaron a filtrarse a principios de esta semana, dejan en evidencia el claro menosprecio de sus integrantes por el trabajo de periodistas que fiscalizan su administración. “Es detestable y preocupante el tono y las expresiones hacia periodistas en la transcripción publicada de dicho chat, en particular las burlas y vejaciones hacia mujeres, homosexuales, personas con necesidades especiales y otros ciudadanos”, afirmó la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez. La Asppro considera inaceptable los intentos de manipulación del poder político al trabajo periodístico responsable, así como de las presiones indebidas contra periodistas que ejercen su profesión con seriedad y ética en estos momentos difíciles y de crisis en nuestro país. “Defendemos el periodismo ético y profesional y nos regimos por el código de ética de nuestra Asociación. Reafirmamos nuestro compromiso de reportar de forma imparcial el acontecer del país y censuramos que se ofrezcan o se acepten preguntas para avanzar agendas políticas o manipular la opinión pública. Esto no tiene lugar en el periodismo responsable. Es legítimo tener fuentes que ofrezcan información a los periodistas, pero las preguntas plantadas no. Ningún profesional serio permitiría tal cosa”, añadió. A los compañeros y compañeras periodistas, que nada los desvíe de hacer su trabajo con honestidad, ahora más que nunca, cuando debemos defender al periodismo serio y seguir nuestro compromiso de buscar la verdad. OYE LA ENTREVISTA SOBRE LA LEGISLACIÓN QUE AGRAVARÁ LAS CONDICIONES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA10/7/2019 Damaris Suárez en Radio Universidad
El proyecto de la Cámara 1095, de Ley de Transparencia, y el del Senado 236, de Datos Abiertos, limitan y obstruyen el derecho constitucional a la información pública e incumplen con nueve de los diez estándares y principios internacionales de transparencia y acceso a la información.
Los periodistas Roberto Morales Cabán y María Cristina Muñoz entrevistaron a la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) Damaris Suárez y Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), sobre los problemas con los dos proyectos de ley recién aprobado y sus implicaciones en el derecho a la información y los principios de transparencia en el programa Desde la Torre, de Radio Universidad el 9 de julio de 2019. La emisora de la Universidad de Puerto Rico transmite por las frecuencias 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez.
Lee la carta abierta de Asppro, OPC y CPI pidiendo al gobernador Rosselló que vete la legislación aprobada
Señor Gobernador:
Reciba un saludo cordial del Overseas Press Club (OPC), la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Nuestras organizaciones han expresado su rechazo enérgico a dos proyectos de ley aprobados por la legislatura que atentan contra la transparencia y el acceso a la información de la ciudadanía y la prensa. Le hemos pedido a usted que imparta un veto cuanto antes a los proyectos P de la C 1095 y P del S 236. En un momento histórico en el que el pueblo de Puerto Rico necesita que sus representantes den pasos claros y firmes a favor de la transparencia para el beneficio de sus constituyentes, y den garantías que ayuden al flujo de fondos de recuperación, la firma de estos proyectos anunciaría lo contrario, que esta administración lo que quiere es tener todas las herramientas posibles para encubrir sus actos y mantener a oscuras a sus ciudadanos. El tracto que han seguido los proyectos refleja una agenda contra el derecho constitucional de acceso a la información pública que dicen reconocer. No hubo vistas públicas, reiteradamente se rechazaron las recomendaciones de periodistas y grupos dedicados a los temas de transparencia y el acceso a la información y se hicieron enmiendas específicas para asegurar que erosionan décadas de victorias a favor de la apertura y le dan al gobierno una vía legal para publicar solo la información que quiera y cuando quiera. En fin, de firmar los proyectos, estaría aprobando estatutos que no cumplen con los principios internacionales establecidos para el tema y se convertirían en los peores estatutos de acceso en todo el hemisferio. Como ejemplo, la comunidad internacional ha celebrado en años recientes leyes de acceso a la información en Chile e India. En vez de ser celebrado junto a estos países, con estos proyectos Puerto Rico sería condenado como de las peores jurisdicciones para el acceso a la información a nivel mundial. Estamos dispuestos a retomar, de buena fe, un diálogo real y sostenido con usted y su equipo de trabajo para lograr una política pública de consenso, en la cual las organizaciones firmantes, y otras de la sociedad civil, aportemos el conocimiento y experiencia que hemos acumulado con nuestra práctica diaria, así como educando sobre estos temas, y litigando por el acceso a la información. Sería una oportunidad para una aportación valiosa en momentos en que el país más lo necesita. Por esto, le solicitamos su veto a los proyectos y una reunión a la brevedad posible para ir en detalle sobre nuestras objeciones y para retomar un diálogo productivo. Confiados en que usted tenga un interés real por mejorar los procesos de rendición de cuentas y transparencia del gobierno, quedamos en espera de su pronta respuesta. Atentamente, Damaris Suárez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico Luis Guardiola, presidente del Overseas Press Club Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo Descarga de aquí los dos proyectos de ley
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Asppro, CPI y OPC rechazan dos proyectos contrarios a la transparenciaLos proyectos P de la C 1095 y P del S 236 denotan una agenda contra el derecho constitucional de acceso a la información pública que dicen reconocer SAN JUAN - El Overseas Press Club (OPC), la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) expresaron su rechazo enérgico contra dos proyectos de ley aprobados la semana pasada por la legislatura que atentan contra la transparencia y el acceso a la información de la ciudadanía y la prensa. En una acción conjunta, las tres organizaciones pidieron al gobernador Ricardo Rosselló que imparta un veto contra ambos proyectos cuanto antes. Los proyectos P de la C 1095 y P del S 236, que denotan una agenda contra el derecho constitucional de acceso a la información pública que dicen reconocer, se aprobaron sin vistas públicas y en contra de las recomendaciones de periodistas y grupos dedicados a los temas de transparencia y el acceso a la información. Las organizaciones explicaron que ambos proyectos erosionan décadas de victorias a favor de la apertura y le dan al actual gobierno una vía legal para publicar solo la información que quieran y cuando quieran. “Estos proyectos son un engaño, están en contra de las mejores prácticas mundiales y tienen el rechazo unánime de entidades, grupos y personas que cuentan con una larga trayectoria defendiendo, educando, e incluso litigando, a favor del acceso a la información y la transparencia. En un momento tan delicado, en medio de tantos escándalos de corrupción, la aprobación de estos proyectos con las enmiendas introducidas por ambas cámaras legislativas son un intento claro de evadir la rendición de cuentas”, denunció Carla Minet, directora ejecutiva del CPI, que ha demandado a la administración Rosselló en cinco ocasiones por negarse a entregar documentos públicos. Los proyectos de ley, en conjunto, crean un periodo automático de 10 días laborables de espera, que podrían aumentar a 25, antes de que ciudadanos y periodistas tengan acceso a la información solicitada. De aprobarse, no se permitirían las solicitudes verbales y la entrega inmediata de la información aún si la misma es de fácil acceso en la agencia. Estas enmiendas limitan intencionalmente los mecanismos para solicitar información que los periodistas y medios de comunicación tienen hoy. “En uno de los proyectos no se incluyen excepciones claras y justificadas al acceso, lo cual invita a que los funcionarios inventen excusas para negar el acceso, y en el otro proyecto se crea una lista de 12 nuevas categorías de confidencialidad que limitan excesivamente el acceso a la información. Además dejan espacio amplio para que los funcionarios de las tres ramas, Ejecutiva, Legislativa y Judicial, desarrollen sus propias reglas sobre el acceso a la información, lo cual, en efecto, propendería al establecimiento de al menos tres sistemas distintos de acceso”, alertó por su parte Damaris Suárez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Los proyectos discriminan contra los solicitantes de información en agencias u oficinas regionales fuera del área metropolitana al crear un periodo mínimo de 15 días laborables de espera para responder la solicitud de información, en vez de los 10 días también laborables que aplicarían si la solicitud se hacía en el área metro, según el lenguaje inicial. Este término aplicaría a toda información o documentos solicitados aunque sean de fácil acceso, lo que las organizaciones consideran inaceptable. Además, obliga a los ciudadanos y periodistas a recurrir exclusivamente al Tribunal de Primera Instancia de San Juan si quieren buscar un remedio judicial cuando se deniegue o se ignore su pedido de información. Las enmiendas introducidas eliminan el lenguaje original que imponía una multa contra el funcionario que obstruyera el acceso. Igualmente, establecen restricciones en los formatos, programas y aplicaciones en que se puede entregar la información, lo que contradice el objetivo expreso del gobierno de fomentar el desarrollo de la economía del conocimiento. “Bajo las normas que imponen estos proyectos de ley se agravarían las condiciones de acceso a información pública. Condiciones bajo las cuales se impidió la divulgación oportuna de las cifras los muertos por el huracán María, los planes de emergencia, los planes de implementación, las comunicaciones del gobierno con la Junta, y bajo las cuales se hizo el acuerdo de confidencialidad que pretendían forzar contra empleados de La Fortaleza sobre todo lo que ocurre en la Mansión Ejecutiva”, expresó Luis Guardiola, presidente del Overseas Press Club. Las tres organizaciones expresaron su rechazo a los proyectos y solicitaron una reunión urgente al Gobernador para explicarle en detalle la razones para pedir que las vete de inmediato. |
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