La Asppro se solidariza y apoya a la colega Celimar Adames Casalduc, y se mantiene atenta a los desarrollos en torno a su demanda por discrimen de género y edad incoada contra su patrono, Televicentro (WAPA TV), a quien reclama igual paga por igual trabajo.

Aunque nuestra Asociación no tiene injerencia en las relaciones obrero-patronales o decisiones gerenciales de los medios noticiosos, fomentamos la discusión abierta de asuntos importantes de la industria y del periodismo como parte de nuestra misión educativa. Los medios, como cualquier empresa, no están exentos de problemas laborales. Los periodistas, como cualquier trabajador, no pueden realizar bien su trabajo en un ambiente de desigualdad laboral.  

Nuestro interés y una de nuestras tareas primordiales es elevar la profesión a los niveles más altos de calidad y ética facilitando la capacitación continua de colegas. No obstante, el respeto por la profesión debe ir a la par de condiciones laborales justas.   

Exhortamos a los patronos a evaluar sus escalas salariales y erradicar de sus empresas cualquier situación de desigualdad por raza, credo, sexo, edad u orientación sexual. La Asociación se mantiene, como siempre ha hecho, en unión con todo el gremio en los reclamos de mejores condiciones de trabajo para los periodistas, sin exclusión. 

Junta de Directores Asppro

San Juan - La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitaron hoy al Tribunal que ordene a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a dos de sus subalternos la entrega del informe sobre el almacén gubernamental de suministros descubierto por ciudadanos en Ponce.

La demanda que presentaron la Asppro y el CPI, incluye como demandados al secretario de Estado designado, Elmer Román, al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López Sánchez, y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de la gobernadora Vázquez Garced.

El recurso legal explica que el 18 de enero pasado varios ciudadanos descubrieron en el área de La Guancha, en Ponce, un almacén del gobierno con suministros guardados desde poco después del huracán María, hace más de dos años. Ante el hallazgo, la gobernadora Vázquez Garced ordenó al Secretario Román preparar un informe sobre el manejo de los suministros hallados en ese almacén y presentarlo en un término de 48 horas, recuerda la petición. El NIE entregó el informe el 20 de enero, dentro del término ordenado.

“El Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteradamente ha establecido que el acceso a la información pública es un derecho humano que emana de los derechos a la libertad de expresión, prensa y asociación expresamente dispuestos en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico”, señaló la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez Lugo. 

“Con esta nueva petición de mandamus, los periodistas reiteramos nuestro compromiso con el derecho del pueblo puertorriqueño a tener acceso a la información pública y su disposición de ir a todos los foros necesarios para que el gobierno de Puerto Rico respete este derecho humano y constitucional tan fundamental para nuestra vida democrática”, añadió Suárez.

La demanda es un esfuerzo conjunto de la Asppro y el CPI, representadas por la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, informó la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

“La información solicitada por Asppro y el CPI no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno, y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información”, advierte el recurso legal.

“El interés público en conocer el resultado de cualquier investigación relacionada al incidente y manejo del almacén de suministros en Ponce supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto”, añade.

La petición de mandamus indica que Suárez Lugo solicitó a los oficiales de prensa del Secretario Román y del Comisionado López copia del informe al día siguiente de ser entregado a la Gobernadora, pero Román, López ni sus oficiales de prensa respondieron la solicitud.

El 2 de febrero, el CPI también solicitó copia del informe sobre el almacén de suministros. La solicitud la cursó a los oficiales de prensa de la Gobernadora, del Secretario Román y del Departamento de Seguridad Pública (DSP), agencia a la que está adscrito el NIE.

Al día siguiente, Mariana Cobián Rodríguez, portavoz de prensa de la Gobernadora, contestó a Carla Minet que el informe había sido referido al Departamento de Justicia. Ese día, la directora ejecutiva del CPI recibió una respuesta similar de parte de los encargados de prensa del DSP. A esta respuesta añadieron los portavoces de prensa del DSP que el CPI debían solicitar el informe al Departamento de Justicia porque el asunto era objeto de una investigación.
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“Al día de hoy, ninguna de las partes promovidas ha hecho entrega del informe solicitado”, indica la demanda. “Los documentos, materiales e información solicitados por la Asppro y el CPI son originados, conservados y/o recibidos por la Gobernadora, el Departamento de Estado y el NIE. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso y obtener una copia si así lo solicita”, añade el mandamus.

San Juan - La Junta de Directores de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) hizo un llamado público a que se respete el trabajo periodístico en la cobertura noticiosa de las manifestaciones y se proteja a los colegas de ataques directos maliciosos y orquestados, tanto físicos como mediante redes sociales.

Los periodistas hemos contado con el respeto y agradecimiento de la gran mayoría del pueblo puertorriqueño a través de nuestra historia gracias al trabajo comprometido y ético de miles de colegas en la búsqueda de la verdad. Puerto Rico ha conocido de innumerables injusticias por nuestro trabajo y ha comprendido los contextos y circunstancias de su realidad por nuestras investigaciones, muchas veces logradas contra adversidades internas y externas, amenazas, y por puro compromiso con el país.

Entendemos y aceptamos que nuestra profesión nos expone a encontrarnos en medio de conflictos difíciles y a veces violentos en los que podemos sufrir de forma colateral. Lo que es inaceptable son los ataques violentos a nuestros colegas cuando solo cumplen con su deber de informar al pueblo.

Los reporteros y reporteras somos como cualquier trabajador, deseosos de hacer bien nuestro trabajo. La gran mayoría no controlamos las líneas editoriales ni los estilos o decisiones gerenciales de los medios. Los periodistas tampoco nos dedicamos al negocio del entretenimiento. Lo que nos mueve por encima de todo es la búsqueda de la verdad y servirle a nuestro pueblo.

Debemos recordar que en la historia de Puerto Rico y sus movimientos sociales siempre aparecen elementos con agendas nocivas para desvirtuarlos y manipular la opinión pública. Nosotros también somos objeto de un operativo orquestado a través de las redes sociales. No queremos que esto se repita en la calle.

Le advertimos a quienes se ensañan en la faena de atacar periodistas que solo logran lo opuesto a su propósito. Atendemos esto ahora, pero no podemos desviar el foco de nuestro trabajo ni dejar de cumplir con nuestro deber. El país nos necesita informando.
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Los organizadores y manifestantes de las protestas masivas conocen y valoran el trabajo periodístico y esperamos que ejerzan su buen criterio con algunos elementos aislados y minoritarios para que defiendan su derecho a estar bien informados. Protegiendo a periodistas se protege su derecho a saber. 

SAN JUAN – La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) condena el trato discriminatorio que han recibido periodistas puertorriqueños de parte de algunos funcionarios públicos que han negado u obstaculizado el acceso a información pública y entrevistas con jefes de agencias en la actual situación crítica que vive nuestra ciudadanía debido a la serie de terremotos.

Nuestros colegas han expresado individualmente que tanto la alta gerencia como el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz Vázquez, ha actuado contrario a la política pública de transparencia en el acceso y manejo de información pública.

En medio del temor, ansiedad y desasosiego que sufre nuestro pueblo, sobre todo en el suroeste, Ortiz Vázquez divulgó información errónea sobre la situación del sistema eléctrico a pesar de haber sido cuestionado en múltiples instancias por periodistas puertorriqueños sobre el estatus de la recuperación tras los sismos que han afectado al país desde el 28 de diciembre pasado. Por varios días y en distintas entrevistas con medios noticiosos, el director de la AEE (1) ocultó información, (2) cambió la versión sobre los daños ocurridos en la Central Costa Sur, y (3) brindó datos falsos sobre la condición de dicha instalación, la segunda de mayor generación de energía en la Isla.

No fue hasta que David Begnaud, periodista de la cadena estadounidense CBS News, indagó sobre el estatus de la recuperación que Ortiz Vázquez finalmente (4) admitió la magnitud real de los daños, (5) accedió a ser entrevistado por el colega y (6) proveyó acceso a las instalaciones. Todo lo anterior lo negó en repetidas ocasiones a periodistas locales, a través de sus oficiales de prensa.

La falta de transparencia gubernamental y de inaccesibilidad a información pública no es nueva. La Asppro se ve nuevamente precisada a expresar esta denuncia y condena en defensa del derecho fundamental de los periodistas, como instrumentos que somos de información al pueblo. Las acciones de funcionarios públicos atentan contra el derecho de la ciudadanía a saber lo que hace su gobierno y de recibir información esencial para tomar decisiones.

Sirva esta nueva afrenta al derecho constitucional de acceso a la información pública para recordar a funcionarios como Ortiz Vázquez que exigimos más y mejor información, y no cesaremos de agotar todos los foros disponibles para hacer respetar este derecho que, no es exclusivo de los periodistas sino de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas.
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Igualmente condenamos la mala práctica de jefes de agencias y sus oficiales de prensa de pretender que nos limitemos a sus publicaciones de redes sociales. Dar prioridad a colegas de televisión o con capacidad de transmitir en directo también es discriminatorio. Nuestro pueblo merece algo mejor que esto, por eso la Asppro continuará apoyando con responsabilidad y ética periodística la búsqueda de la verdad contra cualquier escollo. Ese es nuestro compromiso. 

A raíz del comunicado conjunto aprobado y publicado anoche por las juntas de directores del Overseas Press Club (OPC) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), el director general de GFR Media Jorge Cabezas se comunicó con los presidentes de ambas organizaciones para expresar su malestar, a nombre suyo y de los empleados de esa empresa. Cabezas reclamó que se revisara el comunicado para que se identificara las empresas mencionadas en el chat de Telegram a las que, de forma general, pedimos explicaciones sobre su alegada participación en intentos de manipular la opinión pública.
 
Las empresas responsables de las publicaciones y programas mencionados en el escandaloso chat son Publi-Inversiones (El Vocero), Univisión y SBS.
 
Para el público general, que desconoce las dinámicas y características del trabajo de los medios noticiosos, es importante subrayar que nuestras organizaciones agrupan y representan a periodistas que por lo general no controlan ni son responsables por las líneas editoriales de sus respectivos patronos.
 
La Asppro desea puntualizar, que a raíz de las primeras noticias sobre el chat en el cual funcionarios aludían a periodistas y medios, el 17 de julio pasado declaró “inaceptable los intentos de manipulación del poder político al trabajo periodístico responsable, así como de las presiones indebidas contra periodistas que ejercen su profesión con seriedad y ética”, y como tal debemos estar abiertos a la crítica constructiva.
 
En ese mismo contexto, el OPC condenó las expresiones derogatorias dirigidas a los periodistas por algunos de los participantes del chat. Eso incluyó los insultos dirigidos a Benjamín Torres Gotay, subdirector de Proyectos y Coberturas Especiales de El Nuevo Día. El OPC reclamó además la divulgación inmediata de otros chats similares en los que, según informes de prensa, se mencionan periodistas o se discuten posibles acciones contra estos. 
 
Cabezas cuestionó nuestro llamado de ayer para que El Nuevo Día explicara más sobre alegaciones de la ex reportera de ese periódico Cynthia López Cabán sobre hechos ocurridos hace dos años. Se le explicó que dichas alegaciones surgieron por primera vez hace pocos días y nos reiteramos en que la reacción del periódico hasta ahora no atiende de forma abarcadora las imputaciones sobre intervenciones de elementos políticos en la línea editorial como, según se alega, plantearon López Cabán y otros periodistas en una reunión con representantes de la gerencia hace tiempo. 

La realidad es que las alegaciones sobre El Nuevo Día y otros medios arroja sombra sobre todos los periodistas, no solo algunos, porque muchos sectores del público tienden a juzgarnos como grupo, sin hacer distinciones. Existe mucha hostilidad hacia “la prensa” y periodistas en las redes sociales, con odio destilado por un extremo estadista herido por el escándalo y por otra parte, las manifestaciones de frustración e indignación con todo lo que ha trascendido de parte de otros sectores.
 
Vivimos momentos en que el pueblo exige una rendición de cuentas, no solo del poder político, sino de la estructuras gubernamentales y sectores como nuestro gremio, que incidimos también en la opinión pública. En el desempeño normal de nuestro trabajo, nos relacionamos con el poder político, pero al develarse un esquema concertado de funcionarios utilizando y abusando de los poderes gubernamentales, tenemos que reconocer que la presente coyuntura histórica exige la mayor transparencia posible de todos los que nos dedicamos al periodismo, incluyendo las empresas y productores de productos noticiosos. A mayor transparencia, el pueblo tendrá mayores elementos de juicio y conservará la confianza en nuestra labor. Esa ha sido nuestra única motivación al expresarnos.

San Juan – La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) abrió hoy la tradicional Semana de la Prensa anunciando una serie de foros y talleres de educación continua sobre realidades actuales que confrontan los periodistas y el país, así como los retos de trascender los límites del periodismo corporativo para una cobertura basada en las comunidades.

“Las plenarias tocan temas que no tan solo han dominado la discusión pública, sino que han sido trascendentales para el futuro de Puerto Rico, a la vez de retantes por su complejidad técnica para el trabajo periodístico, que requiere transmitirlo de manera accesible al público, el reto siempre presente de todo periodista”, explicó Damaris Suárez, presidenta de la Asppro, en una rueda de prensa.

Los acontecimientos de las últimas semanas estarán presentes en estas discusiones, aseguró Suárez, reconociendo el importante papel que han tenido los periodistas en destapar una serie de denuncias sobre corrupción gubernamental.

“Tanto en las plenarias como en la asamblea de la Asppro el sábado tendremos oportunidad de abordar las preocupaciones del gremio en torno a la labor periodística en esta coyuntura histórica. La Asociación, en sus casi cincuenta años de historia, se ha dedicado a la educación continua y ética de los periodistas, además de orientar al público sobre nuestra profesión haciendo siempre la distinción importante de que agrupamos y representamos a periodistas, no a los medios ni la prensa como industria”, declaró la presidenta de la Asociación de Periodistas.

Las actividades de la Convención de Periodistas también siempre buscan mirar los nuevos rumbos que está tomando el periodismo, y para eso la Asppro incluyó nuevos modelos de medios dedicados al periodismo comunitario como una manera de transcender los modelos tradicionales de prensa.    

Los temas se desarrollarán en foros públicos y gratuitos, cubriendo los retos de la cobertura periodística sobre la bancarrota del país, de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF) y la ley Promesa; además de técnicas de periodismo de investigación, herramientas digitales, y una mirada obligada a la década de la recuperación después del huracán María.

Las actividades comienzan el miércoles 31 de julio – Día Nacional del Periodista – con una ofrenda floral en la tumba de César Andreu Iglesias y el panteón de periodistas en el cementerio Puerto Rico Memorial en la Ave. Isla Verde, y la entrega de la proclama por el Departamento de Estado. Las plenarias y el taller se efectuarán desde ese día hasta el viernes en el anfiteatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, en Hato Rey.
 
Para contribuir a estas discusiones, además de los periodistas puertorriqueños, abogados y un líder comunitario, viajarán expresamente a la Isla los siguientes invitados especiales: Mariana Alvarado, periodista y profesora del Centro para la Educación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara, México, y del Google News Lab/Google News Iniciative; George B. Sánchez-Tello, cofundador de Tuyo Media y profesor de la Universidad del Estado de California en Northridge; y Jean Friedman-Rudovsky, cofundadora de Tuyo Media y codirectora ejecutiva de Resolve Philadelphia

25 aniversario del Premio Nacional de Periodismo y nuevo premio especial

Este año el Premio Nacional de Periodismo, que instituyó la Asppro para incentivar principalmente los reportajes investigativos y otros géneros periodísticos, cumple 25 años. Por tal motivo la Asociación presentó hoy un cartel conmemorativo que comisionó al artista Nelson Sambolín. La venta de este cartel, de tirada limitada, es una actividad de recaudación de fondos para la organización sin fines de lucro a través de su portal web asppro.org y en las actividades de la semana.
 
Asimismo, anunció la creación de un nuevo premio especial para reconocer la “excelencia periodística y trayectoria profesional” de periodistas sobresalientes por su trabajo, ética, compromiso, justicia social y solidaridad a lo largo de una extensa carrera periodística. Estas virtudes emulan la vida profesional y personal de la periodista Maritza Díaz Alcaide, quien murió a los 57 años en el 2017, y cuyo profesionalismo y sensibilidad es ampliamente reconocido por sus colegas, fuentes periodísticas y el público en general, recordó Suárez.
 
“Al crear este premio en nombre de la querida colega, que fue destacada afiliada y miembro de varias juntas directivas de la Asppro, queremos reconocer aquellos periodistas que han dedicado sus vidas al libre ejercicio del periodismo e inspirar a futuras generaciones sobre nuestros valores como profesionales y persona”, apuntó.
 
La persona merecedora de este nuevo premio se anunciará durante la gala del XXV Premio Nacional de Periodismo el sábado 3 de agosto en Carolina. Este galardón se agrega al otro premio especial para “periodista joven del año” en honor de Laura Rivera Meléndez, quien murió repentinamente a los 23 años en 2005, cuando apenas iniciaba una prometedora carrera.
 
La gala del sábado está dedicada a los hacedores del premio, el expresidente de la Asppro Nelson del Castillo y el exdirector ejecutivo Manolo Coss Pontón. Actualmente el Premio se otorga exclusivamente por trabajos de noticia del momento, entrevista, reportaje especial, crónica y reportaje investigativo, de periodistas activos en radio, televisión, multimedios y prensa escrita. La celebración estelar del año, exclusiva para miembros e invitados, concluirá con presentaciones musicales de Los Rivera Destino y La Tribu de Abrante.
 
Finalmente, la presidenta de la Asociación agradeció a las compañías, organizaciones y entidades privadas cuyos donativos y colaboraciones hacen posible que la organización pueda realizar todas estas actividades y premiaciones respetando la independencia de nuestra organización: Walmart, Plaza Las Américas, Genesis Security, Serrallés, Cercevera de Puerto Rico, Coca Cola, Burger King, Triple S, Walgreens, Toyota, Ford, T Mobile, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Banco Popular, Merck, Medtronics, Universidad Ana G. Méndez, APS, AEELA, V. Suárez & Compañía, Cooperativa Zeno Gandía, Primex, CC1, Hotel Verdanza, Spirit, Radio Isla, Metro Puerto Rico, The Big Think Group, Econo, Parador Combate Beach y Universidad de Puerto Rico Recinto de Carolina.  
 
Los siguientes son los finalistas de la gala del XXV Premio Nacional de Periodismo (en orden alfabético de primer apellido):

1. Ronald Ávila, Metro
2. Nydia Bauzá, Primera Hora
3. Marcos Billy Guzmán, El Nuevo Día
4. Leysa Caro González, El Nuevo Día
5. Joel Cintrón Arbasetti, Centro de Periodismo Investigativo
6. José A. Cordero, Noticias 13 TeleOro
7. Adriana De Jesús Salamán, NotiCel
8. José M. Encarnación Martínez, Metro
9. José Esteves, Telenoticias Telemundo
10. Mariela Fullana Acosta, El Nuevo Día
11. Jorge Gelpí Pagán, Noticentro WAPA
12. Luis Guardiola, Telenoticias Telemundo
13. Jesús Rodríguez García, Radio Isla
14. Víctor Rodríguez Velázquez, Centro de Periodismo Investigativo
15. Gloria Ruiz Kuilan, El Nuevo Día
16. Johstean Miguel Santiago Colón, Radio Universidad
17. Luis Valentín, Centro de Periodismo Investigativo
18. Equipo Digital, GFR Media

Los periodistas galardonados por sus reportajes con el Premio Nacional son seleccionados por un jurado independiente de profesionales comunicadores, periodistas y profesores, dividido en paneles separados de prensa escrita, radio, multimedios y televisión. Sus laudos son finales e inapelables.

Jurado del XXV Premio Nacional de Periodismo
                                                                                                                                      
Daisy Sánchez                      Presidenta del jurado
Mary Jo Vizcarrondo           Panel TV
Pepo García                          Panel TV
Annette Álvarez                   Panel TV
Gary Gutiérrez                      Panel Radio
Jimmy Torres                        Panel Radio
Zoraida Nelly Torres            Panel Radio
Claudio Matos                      Panel Prensa Escrita
Eugenio Hopgood Dávila  Panel Prensa Escrita
Ruth Hernández                   Panel Prensa Escrita
Yaritza Medina                      Panel Multimedios
Vivien Mattei                         Panel Multimedios
Yadira Nieves                        Panel Multimedios

San Juan – La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club (OPC) reclamaron que las gerencias de los medios noticiosos, mencionados en el chat de Telegram que recientemente provocó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, le aclaren al país la participación que tuvieron o no tuvieron en los intentos de manipulación de la opinión pública que aparecen discutidos en el chat.
 
Es un asunto que afecta a todos en el periodismo puertorriqueño, aunque las juntas de la OPC y Asppro consignaron la diferencia entre las decisiones de las gerencias de los medios y el trabajo de nuestros colegas periodistas que se esfuerzan diariamente por informar la verdad.
 
Debe quedar claro a los ojos del país, que los periodistas que en su trabajo por producir noticias justas corren riesgos personales y enfrentan hostilidades del gobierno, en la calle y a veces hasta de las propias empresas para las que trabajan, no son responsables de decisiones tomadas por la alta gerencia.
 
Además, atendiendo denuncias de la colega Cynthia López Cabán, las juntas de Asppro y la OPC le reclamaron a la gerencia de El Nuevo Día que, en aras de la transparencia y la responsabilidad social que debe guiar a la empresa, ofrezca explicaciones públicas más abarcadoras sobre la alegada influencia de personas relacionadas a la actual administración de gobierno en la línea editorial del periódico durante los primeros meses de este cuatrienio.   
 
En declaraciones recientes López Cabán, quien ahora trabaja para el grupo editorial de El Vocero a través del Weekely Journal, denunció un patrón de interferencia en la línea editorial de El Nuevo Día, periódico para el cual laboró durante muchos años hasta 2017. Dicha interferencia, según López Cabán, habría sido encabezada desde principios de ese año por Elías Sánchez, Carlos Bermúdez y Edwin Miranda, tres de los participantes del chat antes mencionado. Sánchez fungía entonces como portavoz del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal. Bermúdez ya asesoraba a La Fortaleza a través de su empresa Ojo Creativo mientras Miranda era el principal publicista de la administración mediante contrato de su empresa KOI con varias agencias públicas.  
 
La gerencia de El Nuevo Día, por voz de su editora María Luisa Ferré Rangel, rechazó las alegaciones de López Cabán asegurando que el periódico “ha fiscalizado de manera constante a este gobierno” y ha investigado y denunciado a Sánchez en múltiples ocasiones. La exsubdirectora del diario Farasch López Reyloz, por su parte, circunscribió al ámbito profesional su relación con las tres personas señaladas.  
 
A raíz de los eventos recientes y en el inicio de la Semana de la Prensa, el pueblo espera no solo del gobierno sino de todas las entidades que manejan los asuntos públicos, incluidos los medios de comunicación, el mayor nivel de divulgación sobre asuntos que podrían atentar contra la credibilidad y confianza depositada por el pueblo en sus periodistas. 
 
Las juntas de ambas organizaciones aclararon que Gerardo Alvarado, de la Junta del OPC, Sara Del Valle y David Cordero, de la junta de la Asppro, quienes fungen como reporteros El Nuevo Día, se inhibieron del proceso.

San Juan – The Board of Directors of the Journalists Association of Puerto Rico (Asppro, by the Spanish acronym) condemns Governor Ricardo Rossello Nevares' refusal to respond to multiple requests for interviews by the Puerto Rican press choosing to do so with the U.S. television network Fox News instead of being available to inform and report to its constituents.

Since Rossello Nevares disclosed that he would not resign on the grounds that he made an introspection and had a private legal opinion that concluded the Telegram chat did not constitute crimes, he has not had any public appearance.

The secretary of Public Affairs Anthony Madeira’s instructions to journalists are that all requests must be in writing and, although he has been asked for statements by the governor, the governor so far has not offered interviews or called press conferences to answer questions since that day. However, on Monday the 22th the governor had time for an interview with Fox News.

At the current historical juncture, it seems unacceptable to us that the governor has chosen to ignore the media dedicated to informing its constituents to give preference to English speaking media that broadcasts to the United States. If you are interested in keeping your People informed, this is where you must talk.

In addition, since he arrived from his trip to Europe more than a week ago, the governor has issued very few statements – through press releases or a Facebook Live – that do not give the opportunity to ask him questions about the historical events that continue to unfold before us, the country, our diaspora and the world.

The governor needs to remember that when he swore to defend the constitution and the laws of Puerto Rico, he assumed the representation of the People promising to respect the democratic processes, which includes the right to freedom of the press and access to public information.

We will continue to use all the necessary mechanisms to provide our People with the information they are entitled to, deserve and need, and reaffirm our commitment to inform the truth.

San Juan – La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) repudió las expresiones derogatorias contra periodistas vertidas en un chat digital de altos funcionarios de gobierno encabezados por el propio gobernador Ricardo Rosselló y llamó a los colegas a mantener su enfoque en la búsqueda de la verdad.

Las declaraciones de altos funcionarios, que comenzaron a filtrarse a principios de esta semana, dejan en evidencia el claro menosprecio de sus integrantes por el trabajo de periodistas que fiscalizan su administración.
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“Es detestable y preocupante el tono y las expresiones hacia periodistas en la transcripción publicada de dicho chat, en particular las burlas y vejaciones hacia mujeres, homosexuales, personas con necesidades especiales y otros ciudadanos”, afirmó la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez.

La Asppro considera inaceptable los intentos de manipulación del poder político al trabajo periodístico responsable, así como de las presiones indebidas contra periodistas que ejercen su profesión con seriedad y ética en estos momentos difíciles y de crisis en nuestro país.

“Defendemos el periodismo ético y profesional y nos regimos por el código de ética de nuestra Asociación. Reafirmamos nuestro compromiso de reportar de forma imparcial el acontecer del país y censuramos que se ofrezcan o se acepten preguntas para avanzar agendas políticas o manipular la opinión pública. Esto no tiene lugar en el periodismo responsable. Es legítimo tener fuentes que ofrezcan información a los periodistas, pero las preguntas plantadas no. Ningún profesional serio permitiría tal cosa”, añadió.

A los compañeros y compañeras periodistas, que nada los desvíe de hacer su trabajo con honestidad, ahora más que nunca, cuando debemos defender al periodismo serio y seguir nuestro compromiso de buscar la verdad.