DECLARACIÓN CONJUNTA ALERTA SOBRE LEGISLACIÓN

Asppro, CPI y OPC rechazan dos proyectos contrarios a la transparencia

Los proyectos P de la C 1095 y P del S 236 denotan una agenda contra el derecho constitucional de acceso a la información pública que dicen reconocer

​SAN JUAN - El Overseas Press Club (OPC), la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) expresaron su rechazo enérgico contra dos proyectos de ley aprobados la semana pasada por la legislatura que atentan contra la transparencia y el acceso a la información de la ciudadanía y la prensa. En una acción conjunta, las tres organizaciones pidieron al gobernador Ricardo Rosselló que imparta un veto contra ambos proyectos cuanto antes.

Los proyectos P de la C 1095 y P del S 236, que denotan una agenda contra el derecho constitucional de acceso a la información pública que dicen reconocer, se aprobaron sin vistas públicas y en contra de las recomendaciones de periodistas y grupos dedicados a los temas de transparencia y el acceso a la información. Las organizaciones explicaron que ambos proyectos erosionan décadas de victorias a favor de la apertura y le dan al actual gobierno una vía legal para publicar solo la información que quieran y cuando quieran.

“Estos proyectos son un engaño, están en contra de las mejores prácticas mundiales y tienen el rechazo unánime de entidades, grupos y personas que cuentan con una larga trayectoria defendiendo, educando, e incluso litigando, a favor del acceso a la información y la transparencia. En un momento tan delicado, en medio de tantos escándalos de corrupción, la aprobación de estos proyectos con las enmiendas introducidas por ambas cámaras legislativas son un intento claro de evadir la rendición de cuentas”, denunció Carla Minet, directora ejecutiva del CPI, que ha demandado a la administración Rosselló en cinco ocasiones por negarse a entregar documentos públicos.

Los proyectos de ley, en conjunto, crean un periodo automático de 10 días laborables de espera, que podrían aumentar a 25, antes de que ciudadanos y periodistas tengan acceso a la información solicitada. De aprobarse, no se permitirían las solicitudes verbales y la entrega inmediata de la información aún si la misma es de fácil acceso en la agencia. Estas enmiendas limitan intencionalmente los mecanismos para solicitar información que los periodistas y medios de comunicación tienen hoy.

“En uno de los proyectos no se incluyen excepciones claras y justificadas al acceso, lo cual invita a que los funcionarios inventen excusas para negar el acceso, y en el otro proyecto se crea una lista de 12 nuevas categorías de confidencialidad que limitan excesivamente el acceso a la información. Además dejan espacio amplio para que los funcionarios de las tres ramas, Ejecutiva, Legislativa y Judicial, desarrollen sus propias reglas sobre el acceso a la información, lo cual, en efecto, propendería al establecimiento de al menos tres sistemas distintos de acceso”, alertó por su parte Damaris Suárez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico.

Los proyectos discriminan contra los solicitantes de información en agencias u oficinas regionales fuera del área metropolitana al crear un periodo mínimo de 15 días laborables de espera para responder la solicitud de información, en vez de los 10 días también laborables que aplicarían si la solicitud se hacía en el área metro, según el lenguaje inicial. Este término aplicaría a toda información o documentos solicitados aunque sean de fácil acceso, lo que las organizaciones consideran inaceptable.

Además, obliga a los ciudadanos y periodistas a recurrir exclusivamente al Tribunal de Primera Instancia de San Juan si quieren buscar un remedio judicial cuando se deniegue o se ignore su pedido de información.

Las enmiendas introducidas eliminan el lenguaje original que imponía una multa contra el funcionario que obstruyera el acceso. Igualmente, establecen restricciones en los formatos, programas y aplicaciones en que se puede entregar la información, lo que contradice el objetivo expreso del gobierno de fomentar el desarrollo de la economía del conocimiento.

“Bajo las normas que imponen estos proyectos de ley se agravarían las condiciones de acceso a información pública. Condiciones bajo las cuales se impidió la divulgación oportuna de las cifras los muertos por el huracán María, los planes de emergencia, los planes de implementación, las comunicaciones del gobierno con la Junta, y bajo las cuales se hizo el acuerdo de confidencialidad que pretendían forzar contra empleados de La Fortaleza sobre todo lo que ocurre en la Mansión Ejecutiva”, expresó Luis Guardiola, presidente del Overseas Press Club.

Las tres organizaciones expresaron su rechazo a los proyectos y solicitaron una reunión urgente al Gobernador para explicarle en detalle la razones para pedir que las vete de inmediato.

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